El pleno del Ayuntamiento de Sant Josep ha aprobado este jueves una moción que manifiesta el rechazo a la política fiscal del Gobierno de España hacia los trabajadores autónomos. Un colectivo que, según ha defendido la concejala del PP María José Ríos, «sostiene el tejido productivo local». El debate se ha celebrado de manera conjunta, aunque las votaciones se realizaron por separado, con una propuesta presentada por el grupo municipal Vox que rechazaba el aumento de cuotas a los autónomos. La moción del PP ha puesto el foco en el impacto que las recientes modificaciones del sistema de cotización por ingresos reales están teniendo sobre los trabajadores por cuenta propia. Según ha explicado Ríos, en España cotizan más de tres millones de autónomos, muchos de ellos pequeños comerciantes, emprendedores y profesionales que desarrollan su actividad en condiciones de gran fragilidad económica. En este contexto, ha criticado que el Gobierno anunciara un incremento de las cuotas que podría suponer un aumento anual de entre 200 y 2.500 euros por autónomo.
«Este incremento supone un nuevo golpe para el comercio local, los profesionales y miles de familias que dependen directamente de estas actividades», ha apuntado, resaltando que, pese a que el Ejecutivo central se ha visto obligado a rectificar algunos aspectos de la reforma ante la presión del sector, de los agentes sociales y de partidos como el PP, la modificación final no ha evitado un aumento efectivo de las cotizaciones que deberán abonar los trabajadores por cuenta propia. Durante la exposición de la moción también se ha denunciado que numerosos compromisos adquiridos por el Gobierno con el colectivo de autónomos en 2023 continúan sin materializarse. Entre ellos, se han citado mejoras en materia de protección social, conciliación familiar y simplificación burocrática. Este incumplimiento, según ha precisado, ha incrementado el malestar del sector y refuerza la necesidad de que las administraciones locales reclamen un calendario claro para el desarrollo de las reformas prometidas.
Régimen de franquicia de IVA
Otro de los ejes centrales de la iniciativa ha sido la exigencia de implantar el régimen de franquicia del IVA para autónomos, mediante la transposición de la Directiva Europea 2020, cuya aplicación es obligatoria desde el 1 de enero de 2025. La concejala ha recordado que España es uno de los pocos países de la Unión Europea que aún no ha incorporado esta normativa, que permitiría eximir del pago y la declaración del IVA a los autónomos y pequeñas empresas con una facturación anual inferior a 85.000 euros. Según ha defendido, esta medida supondría un «alivio fiscal directo» y una importante simplificación administrativa para miles de pequeños negocios.
«Este incremento supone un nuevo golpe para el comercio local, los profesionales y miles de familias que dependen directamente de estas actividades»
La moción aprobada incluye varios puntos de acuerdo, entre ellos el rechazo del Ayuntamiento de Sant Josep a la política fiscal del Gobierno de España hacia los autónomos en los últimos años, la exigencia de que se cumplan los compromisos adquiridos con el sector y una declaración de apoyo y reconocimiento a los autónomos, pequeños empresarios y emprendedores del municipio. Asimismo, se ha acordado trasladar el contenido del acuerdo al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como a las asociaciones nacionales de autónomos. Desde Vox, la concejala Araceli Colomar ha anunciado el apoyo de su grupo a las peticiones planteadas en la moción. Ha destacado que los autónomos son «los que más sufren la inflación económica» y ha defendido la necesidad de reforzar las medidas de apoyo a este colectivo, sumándose a los puntos incluidos en la propuesta debatida.
Grupo socialista
Por su parte, desde el grupo socialista han señalado que la reforma del sistema de cotización por ingresos reales es una «demanda histórica» del colectivo y una medida de justicia social aprobada en 2022 con un amplio consenso parlamentario y el respaldo de los agentes sociales. Han defendido que el sistema actual permite ajustar las cotizaciones a los rendimientos reales y acceder a una protección social más amplia y sostenible. Han subrayado que el objetivo de la reforma es mejorar las carreras de cotización y el acceso a prestaciones de mayor cuantía, precisando que durante los últimos años se han revertido recortes impuestos por gobiernos anteriores.
En este sentido, han destacado medidas como la ampliación del cese de actividad durante la pandemia, que permitió conceder prestaciones y sostener negocios. Además, han rechazado que las cotizaciones sociales puedan considerarse impuestos, recordando que se trata de aportaciones finalistas que garantizan derechos como la jubilación, la prestación por nacimiento de hijos o el cese de actividad. En cuanto a la propuesta de aplicar la franquicia del IVA, han advertido de que, aunque pueda parecer atractiva, plantea problemas de equidad y justicia fiscal, al generar desigualdades entre profesionales que realizan la misma actividad y posibles distorsiones competitivas que desincentiven el crecimiento de los negocios.