El pleno del Ayuntamiento de Sant Josep ha aprobado este jueves inicialmente, y por unanimidad, la Ordenanza Municipal reguladora de los informes de Evaluación de edificios (IAE). Esta normativa da cumplimiento al mandato de la Ley de Urbanismo de las Islas Baleares (LUIB), que desde 2017 exige a los ayuntamientos garantizar la evaluación periódica del estado de conservación, accesibilidad y eficiencia energética de los edificios. En este sentido, desde el equipo de gobierno municipal han señalado la obligación de evaluar periódicamente los edificios, establecida por la normativa autonómica de 2017 y apoyada por la normativa estatal sobre rehabilitación urbana, que afecta a los inmuebles con umbrales de 30 y 50 años, con una periodicidad decenal.
Han explicado que, para facilitar la adaptación de las comunidades y propietarios, la ordenanza establece un calendario transitorio escalonado, con un plazo máximo de 12 meses para los edificios con una antigüedad igual o superior a 50 años, de 36 meses para los edificios de entre 30 y 50 años, y con una periodicidad de renovación de los informes cada diez años. Con esta ordenanza, han informado, Sant Josep regula de forma operativa los plazos, procedimiento de presentación, modelos de informe y régimen sancionador, así como la remisión de los informes al Registro autonómico.
Rechazo a las balizas V16
La sesión plenaria también ha acordado instar al Gobierno a suspender la obligatoriedad de las balizas V16 hasta que esté acreditada la eficacia. En esta línea, el grupo municipal Vox ha presentado una moción en la que rechaza la obligatoriedad de las balizas de emergencia V16, que sustituyen a los tradicionales triángulos de emergencia. Según ha expuesto la formación, esta obligación afecta exclusivamente a los coches con matrícula española, lo que «genera una clara desigualdad normativa» frente a los vehículos extranjeros que circulan de forma temporal por el país y que no están sujetos a esta exigencia.
La moción pone el foco en territorios turísticos como Ibiza, donde cada año circulan miles de vehículos con matrícula foránea. En este contexto, el grupo municipal advierte de que la asimetría normativa resulta especialmente relevante y cuestiona su eficacia real en términos de seguridad. Asimismo, señala que la imposición de esta nueva obligación supone una «carga económica» adicional para millones de familias, en un momento marcado por el encarecimiento del coste de la vida y la pérdida de poder adquisitivo.
En este sentido, critica que la medida se haya adoptado «sin que conste la elaboración de un estudio económico previo que evalúe su impacto real ni su proporcionalidad». El grupo municipal también reprocha al Gobierno una «deficiente política de comunicación» sobre la implantación de las balizas V16, lo que, según sostiene, ha provocado un elevado grado de desconocimiento entre los conductores acerca de su obligatoriedad y de las sanciones asociadas al incumplimiento de la normativa. Esta falta de información, añade Vox, ha derivado en la adquisición de dispositivos no homologados, «exponiendo a numerosos ciudadanos a posibles sanciones administrativas pese a haber intentado adaptarse a la nueva exigencia legal».