Una persona afectada por la usurpación de su vivienda ubicada en el municipio de Sant Josep quiere denunciar públicamente la pasividad de la ley española a la hora de desalojar a okupas de una propiedad privada, así como la impunidad de éstos tras invadir una casa ajena.
Según explica a Periódico de Ibiza y Formentera la víctima, que quiere preservar su anonimato, el pasado domingo 11 de enero, sobre las 10.00 horas, dos sujetos con dos perros entraron en su vivienda tras forzar la puerta. Fue un día después cuando la persona propietaria tuvo conocimiento de los hechos puesto que, al acudir a la casa una empresa de muebles, los montadores llamaron diciendo que no podían entrar porque alguien había cambiado la cerradura.
«Fui para allá y había gente dentro. Como hay cámaras, se pudo ver después la hora y todo»
«Fui para allá y había gente dentro. Como hay cámaras, se pudo ver después la hora y todo. Llamé a la Policía, que avisó a su vez a la Guardia Civil. Sin embargo, a día de hoy nadie me da una solución», lamenta.
La víctima comprobó cómo, en su apartamento recién reformado, los okupas han estado metiendo muebles y otros artículos sin poder hacer nada. «Es todo un despropósito. Me dicen que el procurador lleva dos semanas buscando en qué juzgado está mi caso», afirma.
«Esta gente se siente impune. Ellos entran y se instalan en tu vida, en tu casa recién reformada con todo nuevo. Ahí están mis ahorros», lamenta también.
Según reitera, el día anterior a la okupación había estado en el apartamento. Durante estos meses, al haber sido reformado, ha habido movimiento en la casa, «por lo que pensamos que ha sido un chivatazo de alguien que lo sabe porque es una comunidad de vecinos bastante grande».
La persona afectada aclara que, aunque se asegura desde la Justicia que hay fórmulas para resolver con cierta rapidez determinados casos de okupación, la realidad no es así. «La Guardia Civil me dijo que no podía entrar sin la orden de un juez e incluso me pidió disculpas afirmando que las leyes en España son de esta manera», explica.
También reconoce que un problema de esta magnitud no es fácil de asumir «y al principio no te lo crees, aunque intento hacer vida normal. No hay ninguna agilidad en estas cosas y no me extraña que la gente contrate a determinadas empresas»
«La frustración es muy grande porque es algo muy serio y no puedo hacer nada»
Según aclara, aunque se le ha pasado por la cabeza llamar a desokupas, es algo que ha descartado rápidamente. «La frustración es muy grande porque es algo muy serio y no puedo hacer nada. Si quieres seguir un procedimiento legal, hay que esperar a que la cosa se ponga en marcha. No sabes por dónde empezar. Los okupas ya saben que todo va así de mal y por eso lo hacen», insiste.
Casos
El pasado mes de abril, tras producirse en Ibiza varios casos de okupación, desde la Administración de Justicia en la isla explicaron que estas situaciones pueden solventarse con cierta rapidez si a través de la vía penal se decretan medidas cautelares por parte del juzgado de guardia.
Para ello, la Guardia Civil debe entregar el atestado que recoge todos los detalles e información sobre el caso, actuando después el juzgado de guardia en consecuencia, «aunque hay que diferenciar entre el juicio, que se alarga en el tiempo, y una medida cautelar de protección que puede decretarse en 24 horas y que puede suponer la restitución de la propiedad», señalaron desde los juzgados.
A comienzos del pasado año, además, se aprobó precisamente la Ley Orgánica 1/2025 que pretendía dar una mejor respuesta judicial en casos de okupación. En concreto, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal introdujo modificaciones para intentar que la tramitación de los procedimientos relacionados con casos de usurpación o allanamiento de morada se pudieran agilizar. Sin embargo, muchos dudaron entonces de su efectividad.
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