«Ibiza será la isla con mejor cobertura sociosanitaria de plazas en residencias»

Sandra Fernández (Palma de Mallorca, 1980) es, desde hace unos seis meses, la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia del Govern balear. La reducción de las listas de espera en dependencia y discapacidad, el refuerzo estructural de la Conselleria y la apuesta decidida por la prevención en infancia son algunos de los principales retos sociales que, según Fernández, marca la hoja de ruta de esta Conselleria. En esta entrevista, la responsable del departamento desgrana los objetivos prioritarios de la legislatura, la necesidad de mejorar la coordinación entre administraciones y la voluntad de consolidar una nueva ley de discapacidad que sitúe a Baleares como referente estatal y europeo.

—Este lunes se presentó en Ibiza el plan de infraestructuras sociosanitarias 2026-2030, que incluye para las personas dependientes la construcción de un nuevo centro de día, tres viviendas supervisadas y la ampliación de la residencia Sa Serra. ¿Se cubren de esta manera las necesidades asistenciales de las personas dependientes en la isla?
—Exacto. Presentamos este plan en Ibiza con estas tres actuaciones importantes que pondremos en marcha en la isla, pero, a estos recursos, hay que sumar las plazas de las tres residencias de Ibiza que gestiona la Fundación de Atención a la Dependencia, así como las 114 plazas que tenemos concertadas con la residencia Colisée, las 80 plazas con la residencia Reina Sofía y las 40 de Cas Serres. Es muy difícil poder ofrecer una cobertura asistencial completa debido al envejecimiento poblacional, pero con estas nuevas infraestructuras daremos una cobertura razonable a la demanda existente a través de estas diferentes vías. Ibiza será la isla de Baleares con mejor cobertura sociosanitaria a nivel de plazas en residencias.

—Anunció durante la presentación del plan que la lista de espera para acceder a la valoración de dependencia se había reducido en unos 10 días y que actualmente hay cerca de 400 personas esperando. ¿Cuál es la espera media actual?
—La espera media es similar en toda Baleares. Se ha reducido la lista en 12 días y, a día de hoy, estas personas están esperando 211 días para la valoración de dependencia. Evidentemente siguen siendo muchos días, pero, para situar esta situación en contexto, la media nacional está en 338 días. No es justificación, pero es importante entender la complejidad de este sistema. Cuando llegamos al Govern, en Ibiza había 530 personas en lista de espera para dicha valoración y para el Plan Individual de Atención. Sin embargo, en diciembre de 2025 había un total de 407 personas. Se ha reducido la lista de espera un 23 % en un contexto de más solicitudes, que han aumentado un 18 %. Nuestro objetivo es cumplir con lo que establece la ley, que es un máximo de seis meses de espera, antes de que finalice la legislatura.

—¿Cuál es la situación de la lista de espera para evaluar la discapacidad en Ibiza?
—La demora media es de 211 días. Hemos puesto en marcha el plan de choque para reducir las listas, pero es verdad que esta medida se enfoca, especialmente, en la incorporación de más personal. Prácticamente tenemos los lotes de esta licitación extraordinaria adjudicados, que también están acompañados de proyectos de inversión. Esta medida, que servirá para contratar refuerzos para las valoraciones de discapacidad, y también a nivel de estructura en la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, es pionera en toda España. Sin embargo, aunque la tendencia es de bajada y estamos reduciendo el tiempo de espera para la valoración de discapacidad, los resultados se comenzarán a observar a partir de marzo. En Ibiza se notará esta bajada porque es la isla de Baleares con el mayor tiempo de espera.

—A través del acuerdo con la empresa Emocional Technologies 22, se incorporará un nuevo valorador sanitario a Ibiza. No obstante, los usuarios de la isla llevan tiempo denunciando la falta de un médico en la plantilla.

—Sí. Estamos pendientes de esta nueva contratación para que se pueda incorporar al equipo de Ibiza lo antes posible. En relación a la figura médica, que para algunas cuestiones podría ser necesaria, hemos intentado abrir el abanico de profesionales sanitarios valoradores porque tenemos mucha dificultad en Ibiza a la hora de contratar más personal. Por ello, estamos intentando ser prácticos. Evidentemente, siempre con una garantía para el usuario. Desde el órgano de valoración a nivel central se están realizando formaciones muy estructuradas destinadas a nuevos valoradores que se incorporan a los equipos a través de empresas, de Función Pública o mediante el convenio con el Ib-Salut. Hay bastantes personas interesadas que están recibiendo una formación muy específica. También existe la posibilidad de que médicos del órgano de valoración central se puedan trasladar a Ibiza para resolver cualquier tipo de procedimiento.

—¿En qué punto se encuentra la nueva Ley de Atención a las Personas con Discapacidad?
—Estamos terminando de perfilar el primer borrador. Queremos trabajar con las entidades sociales porque nuestro objetivo es lograr la participación de las asociaciones para que puedan realizar sus aportaciones. Este primer documento será susceptible de mejoras. Espero que en marzo podamos empezar a tener reuniones de trabajo con las diferentes entidades de Baleares.

—Volviendo a los recursos asistenciales para personas mayores, el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, también adelantó este pasado lunes que el traspaso de la gestión de las residencias a Ibiza se quiere realizar de forma garantista con los medios técnicos y económicos necesarios. ¿Qué dotación destinará el Govern para que el Consell pueda para asumir esta competencias?
—Es una cuestión en la que estamos trabajando. Hace poco presentamos un protocolo de colaboración y coordinación entre el Govern y el Consell d’Eivissa. A partir de esta cogestión, seguimos dando pasos, que no solo se centran en la cuantificación, sino en preparar la estructura necesaria para que Ibiza pueda gestionar las residencias de forma autónoma. Tenemos la figura del director insular de la Fundación de Atención a la Dependencia en Ibiza, que es la persona que coordinará y gestionará las residencias. No obstante, se necesita una estructura fuerte de servicios jurídicos y recursos humanos. Nuestra intención es ser garantistas para que, cuando esta amplia estructura exista en Ibiza, se pueda hacer este traspaso al futuro ente sin que usuarios y trabajadores noten ningún tipo de cambio en la gestión, ya que es una cuestión de competencias entre las administraciones. El servicio seguirá igual, con la misma calidad de atención.

— ¿Cuándo cree que se podrá efectuar definitivamente el traspaso? Marí destacó que este proceso podría culminar en un año o año y medio.
—Prefiero no dar datos o fechas concretas. Me gustaría anunciar el traspaso cuando lo tengamos todo completamente atado. Se puede crear alguna incertidumbre entre los trabajadores a medida que se acerque la fecha; lo más importante de todo es garantizar la atención. No queremos que ocurra lo que sucedió hace años. Todavía recordamos la herencia del anterior Consorcio que gestionaba las residencias cuando gobernaba el PSOE. Fue un auténtico y absoluto caos. Esta situación provocó que el Govern tuviese que asumir la gestión de las residencias de Ibiza.

—Los trabajadores de la Fundación para la Dependencia llevan tiempo reclamando subidas salariales, que todavía no se han materializado. Tras la última firma en el Tamib, ¿es seguro que empezarán a percibir estos complementos en febrero?
—Ha sido una lucha por parte de los trabajadores y una reivindicación muy justa y merecida. Llevaban desde el año 2019 con esta reclamación. En Ibiza aplicamos el complemento de difícil cobertura para paliar de alguna manera todas las dificultades, pero este complemento que recibirán en febrero es de carácter estructural; no una circunstancia temporal. Este complemento nuevo que aprobamos vía decreto ley, con una normativa específica, será perdurable en el tiempo. Es cierto que nos hemos retrasado un mes, según el primer acuerdo que alcanzamos en el Tamib, debido a la complejidad administrativa, pero se han realizado todos los pasos para asegurar el cumplimiento del acuerdo teniendo en cuenta también los atrasos de 2025. Para compensar este retraso hemos adelantado para febrero pagos que estaban previstos más adelante.

«Estamos viendo que el problema de la vivienda en Ibiza afecta a cualquier colectivo: desde personas vulnerables hasta funcionarios del Estado»

—Es importante también profundizar en el primer Informe Foessa sobre exclusión social realizado en Ibiza. En este documento se refleja que la isla es la región de España con mayor proporción de población en situación de exclusión social, con más de un 20 %. ¿Por qué se ha intensificado tanto en la isla esta problemática?
—Señalar, sin querer restar importancia a estos datos y las circunstancias familiares complicadas, que la mayoría de estas cifras, que son tasas de desigualdad, reflejan una pobreza relativa porque se tienen en cuenta los ingresos más altos en comparación con los ingresos más bajos. En Ibiza, la desigualdad es mayor que en el resto de Baleares y España. Esta situación preocupante nos tiene que hacer reflexionar sobre cuáles tienen que ser las mejores herramientas para abordar esta exclusión porque la isla es una de la regiones de España donde más se sufre la exclusión residencial por el coste de la vivienda.

—Esta exclusión residencial afecta a uno de cada tres vecinos de Ibiza. La situación necesita medidas urgentes.
—Estamos viendo que el problema de la vivienda en Ibiza afecta a cualquier colectivo: desde personas vulnerables hasta funcionarios del Estado. Debemos abordar esta cuestión desde diferentes ámbitos. Por un lado, intentamos garantizar una cobertura social a través del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Social Garantizada de Baleares. Los ayuntamientos también están realizando una labor fundamental en la atención a las necesidades básicas, así como los consells insulares, que tienen gran parte de las competencias en Inclusión Social. Con la coordinación de todas las administraciones tenemos que intentar ofrecer una buena cobertura, pero también debemos trabajar en políticas de vivienda. Este Govern balear está redoblando esfuerzos, con la construcción de viviendas de protección pública. No es un proceso rápido; es una problemática que no se puede resolver de la noche a la mañana.

—El informe traslada que un 28 % de los menores de Ibiza figura entre los grupos más vulnerables. Muchas de estas personas viven en infraviviendas. ¿Qué valoración hace de este documento? ¿De qué manera se podría abordar esta problemática relacionada con los asentamientos?
—El Consell d’Eivissa ha resuelto problemas enquistados desde hace mucho tiempo, como, por ejemplo, han dotado a la isla de centros de acogida para personas que están en situación de exclusión social. Desde la pasada legislatura se pusieron en marcha estos espacios. Todas estas personas que están viviendo en asentamientos en Ibiza, a diferencia de otras regiones, son trabajadores. En Palma también está comenzando a implantarse este fenómeno social. Hace años, en los sentamientos, sí que vivían residentes que estaban completamente en exclusión social y había que hacer otro abordaje, pero, actualmente, estas personas lo que necesitan es una vivienda asequible, una alternativa residencial. Está la puesta en marcha de determinados mecanismos, recursos y servicios por parte de los servicios sociales, así como la apuesta de las administraciones a la hora de crear más viviendas a precio asequible.

—Ha hablado antes de la importancia de garantizar una cobertura social a través del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Social Garantizada, pero, precisamente, el informe Foessa dice que el IMV solo está llegando al 35% de las personas en pobreza severa en Baleares y que la Resoga ha pasado de cubrir al 1% de la población en 2018 a solo el 0,44 en 2024.
—Es cierto que desde que se puso en marcha el cobro del Ingreso Mínimo Vital ha habido mucho rechazo. De hecho, cada año en los informes de la AIReF surgen críticas por la dificultad burocrática a la hora de acceder a esta prestación. Entre este problema, y el desconocimiento de este recurso por parte de las personas, es complicado poder acceder. Ahora se han ampliado los supuestos para solicitar el IMV, pero solo se pueden hacer los trámites online y hay muchas personas que no tienen acceso a estos trámites digitales. Por otro lado, la Resoga nace para suplir al IMV en los casos oportunos. No obstante, esta renta se gestionó de forma completamente caótica. Tenemos el informe de la auditoría que así lo establece. Estamos intentando poner orden para que esta prestación llegue de forma ágil a quien lo necesite, sin que suponga nuevamente un perjuicio para la persona. Como no había ningún tipo de comprobación ni se realizaban revisiones, se ha tenido que exigir dinero a personas que están en situación de vulnerabilidad. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante para reorganizar y mejorar esta renta con el objetivo de realizar esta prestación con las máximas garantías.

—¿Cuántas peticiones de Renta Social Garantizada se han registrado en Ibiza? ¿Cuántas personas fueron excluidas de esta prestación?
—Durante el año 2025 se recibieron 104 solicitudes por parte de residentes de Ibiza y se excluyeron 21 solicitudes por no cumplir los requisitos. Ahora estamos trabajando en mejorar el sistema informático para poder tener todos los datos informatizados porque antes parte de la gestión se hacía casi de forma manual y había muchos errores.

—¿Cómo es la relación de la Conselleria con el tercer sector de Ibiza? Dentro del plan de inversiones para entidades de inclusión social 2025- 2034, ¿qué inversiones se destinarán a Ibiza?
—Estamos trabajando en el plan de inversiones de inclusión social. La convocatoria de ayudas saldrá en breve, por lo tanto, todavía no hay proyectos presentados de forma oficial. Sí que conocemos los intereses que hay por parte de las asociaciones de Ibiza porque nos hemos puesto en contacto con ellas. Queremos que en esta primera convocatoria puedan entrar todos los proyectos de las entidades sociales, que no se quede ninguna fuera por algún requerimiento técnico. Todo lo que nos han ido solicitando las asociaciones, lo hemos intentado incorporar. Dentro de poco, sabremos qué proyectos se presentan.

—La Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Eivissay Formentera alertó hace pocos meses sobre la inestabilidad económica de la entidad, solicitando un concierto social con el Consell de Ibiza.
—He tenido la oportunidad de hablar con la presidenta de Apneef cuando se publicó el comunicado y sé que están teniendo algunas dificultades. También sé que el Consell d’Eivissa quiere solventar esta situación y salvar el servicio que ofrece la entidad.

«Formentera vive la situación más grave»

—El Govern lleva tiempo denunciando la gestión migratoria del Gobierno. Hace poco se reclamó de nuevo al Gobierno de España que Baleares sea excluida del reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias. ¿Hay alguna novedad?
—No, es como hablar con una pared. El Gobierno reconoció la sobreocupación de migrantes y aprobó la declaración de emergencia migratoria en Baleares. Debido a ello recibimos una financiación que, evidentemente, es insuficiente teniendo en cuenta los costes derivados de esta acogida. No estamos exigiendo que los menores que llegan a Baleares sean trasladados a otras comunidades autónomas, estamos reclamado que no nos deriven a personas de otras regiones porque tenemos los sistemas de protección, que en este caso gestionan los consells insulares, completamente colapsados. Formentera vive la situación más grave. Por este motivo, el Govern tuvo que intervenir y ayudar con financiación para poder mantener también el resto de servicios sociales que estaban peligrando, precisamente, por tener que financiar esta acogida de menores.

—El Govern ha constituido el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de Baleares. ¿Se ha establecido el plan de actuación?
—Una de las medidas que también queríamos impulsar era la coordinación de todas las políticas en materia de infancia porque son políticas muy transversales y con competencias repartidas entre las diferentes administraciones y áreas. Teníamos claro que era esencial trabajar de forma coordinada, especialmente cuando hablamos de niños y niñas porque con la descoordinación pueden escaparse algunas situaciones de riesgo. Constituimos el Observatorio y tres grupos de trabajo que se están poniendo en marcha; el grupo de trabajo Barnahus, otro grupo encargado de estudiar indicadores, estadísticas y datos reales, y el grupo de trabajo que coordina las comisiones creadas a nivel técnico para la revisión de protocolos, como el de maltrato infantil.