Nuevo pleno municipal en Ibiza en el que las peleas entre concejales han elevado la tensión. Esta vez ha sido tanta que el alcalde, Rafa Triguero, ha tenido que suspender el pleno durante cinco minutos. En esta ocasión, los protagonistas del alboroto han sido los concejales del PP y del PSOE, que se han enzarzado en una pelea para dilucidar cuál de los dos partidos es menos corrupto.
Todo ha comenzado durante el debate de una moción presentada por el concejal de VOX Luis Astorri para que el Ayuntamiento se posicione en contra de la obligatoriedad de la baliza V-16. En su propuesta, Astorri ha puesto sobre la mesa las dudas sobre utilidad y seguridad de este dispositivo así como las que existen en cuanto a la homologación de los mismos por parte de la DGT y, sobre todo, las que pesan sobre la empresa Netun Solutions SL, que es la única autorizada por el Gobierno de Sánchez para su fabricación.
El portavoz del PP, Rubén Sousa, ha mostrado el apoyo del Gobierno municipal a la propuesta de VOX. Y ha aprovechado su intervención para asegurar que las dudas en torno a Netun Solutions SL podrían indicar «un nuevo caso mascarillas» y otro «pelotazo de la banda del Peugeot». Sousa ha cuestionado cómo es posible que una empresa «con dos empleados y una deuda de más de 500.000 euros» haya sido nombrada proveedor oficial de las balizas, que comercializa en la red de oficinas de Correos. Y a las deficiencias denunciadas por Astorri ha añadido que la V-16 pone incluso en riesgo a las mujeres, dado que la baliza puede ser geolocalizada, facilitando los ataques de «delincuentes y perturbados».
Al socialista Pep Tur no le han gustado estas palabras, que ha calificado como «marrullerías». Tur ha asegurado que las sospechas sobre Netun Solutions SL están «dentro de la cabeza» de Sousa, al que ha acusado de no referirse a la corrupción de «Ayuso, su hermano o de Andalucía». También ha puesto sobre la mesa la «sentencia de la trama eólica» y ha afirmado que «más del 66% de la corrupción en España es del PP».
Poco ha tardado Sousa en desmontarle el argumento. Y es que el portavoz del Gobierno municipal ha recomendado a Tur no salir de su propio partido ni de Ibiza para hablar de corrupción puesto que el exconcejal socialista Alfonso Molina tuvo que dimitir «por quedarse con dinero de los trabajadores». Y ha añadido que, además, el actual portavoz del PSOE en el Consistorio y exalcalde, Rafa Ruiz, está imputado en el caso Puertos. «Ruiz está más cerca de comer mortadela que un chuletón en la casa del turco», ha dicho Sousa en referencia al restaurante que abrirá el chef Salt Bae en Ibiza.
Máxima agitación socialista
Ha sido en ese momento cuando la agitación entre los socialistas ha ido a más, con gritos incluidos. El alcalde Triguero ha decidido suspender la sesión cinco minutos y, al retomarla, ha exigido a todos los ediles «el compromiso de bajar la intensidad en los plenos». Sousa ha retomado su turno y ha repetido que Molina «tuvo que dimitir por quedarse con dinero de los parados y Ruiz estaba como imputado cuando fue en listas y ahora es el portavoz».
La moción de VOX, finalmente, ha resultado aprobada con los votos a favor del PP y la abstención de Podemos. De este modo, Vila instará al Gobierno de Sánchez a «no introducir cargas adicionales a las familias y empresas españolas, a suspender la obligatoriedad de la baliza V16 hasta que existan estudios técnicos y forenses independientes y concluyentes que acrediten su eficacia en condiciones reales de visibilidad, climatología, adversa y seguridad vial». Además, el Consistorio instará al Gobierno central a que siga permitiendo el uso de los triángulos de emergencia para señalar incidencias o accidentes en carretera.
El Ayuntamiento de Ibiza también pedirá al Gobierno central que garantice que «ninguna medida de seguridad vial obligue o incentive a los conductores a permanecer dentro del vehículo, práctica firmemente desaconsejada por los protocolos de prevención de riesgos y seguridad en carretera». Vila también solicitará al Estado impulsar ayudas para las familias y empresas españolas con el fin de mejorar la seguridad vial a través de la renovación del parque automóvil hístico de España desde una perspectiva que garantice la libre convivencia de todas las tecnologías de automoción. Finalmente, el Ayuntamiento pedirá que se lleve a cabo una auditoría externa que esclarezca si ha habido algún trato de favor en adjudicaciones derivadas de la comercialización de la controvertida baliza.