Un grupo de personas migrantes de Ibiza resolvieron ayer sus dudas sobre la regularización extraordinaria que prepara el Gobierno central. ¿Quiénes podrán acogerse? ¿Qué requisitos deben cumplir? Estas cuestiones fueron respondidas por Sarah Terbaoui, técnica especialista en Extranjería e Inmigración, durante una charla organizada por la Plataforma Sociosanitaria en la que también participó Alda Yurramendi, presidenta de la Asociación de Uruguayos.
Terbaoui explicó los detalles de la norma, prevista para finales de marzo y pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La medida pretende regularizar a migrantes que ya residen en España y trabajan sin papeles, especialmente en sectores como el turismo y la hostelería en Baleares, permitiéndoles trabajar legalmente y acceder a derechos laborales.
La regularización se dirigirá a quienes hayan entrado en España antes del 31 de diciembre, acrediten una residencia mínima de cinco meses y carezcan de antecedentes penales. Solo las solicitudes que cumplan estrictamente los requisitos obtendrán resolución favorable. Una vez admitido el trámite, los solicitantes podrán empezar a trabajar legalmente tras recibir la notificación correspondiente.
Aunque el Gobierno estima que unas 500.000 personas podrían beneficiarse, la cifra podría ser mayor. «Serán muchísimas solicitudes», advirtió la especialista, que alertó del posible colapso de los organismos públicos y de la saturación en consulados y oficinas, especialmente en las islas.
Pese a ello, defendió que la medida responde a una realidad social: muchas de estas personas ya están trabajando, pero en la economía sumergida. «La regularización no atrae a nuevos migrantes, simplemente permite que quienes ya contribuyen puedan hacerlo de manera legal», explicó.
Sobre el llamado «efecto llamada», aclaró que la medida solo se aplicará a quienes ya residan en España antes de la fecha límite. El procedimiento se iniciará tras la publicación definitiva en el BOE y, una vez admitida la solicitud, los beneficiarios podrán trabajar mientras se resuelve el expediente.
En definitiva, la experta subrayó que se trata de un proceso de formalización laboral que beneficia tanto a trabajadores como a empleadores, al reconocer derechos y ordenar una realidad económica ya existente.
Sin ser experto ya lo aclaro yo, la noticia de esa regularización está corriendo como la pólvora por toda África, regularizaremos entre medio y un millón de ilegales que serán sustituidos en meses por otros dos millones. Vamos al desastre gracias a la izquierda española.