La consellera balear de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia del Govern balear, Sandra Fernández, criticó la falta de políticas migratorias efectivas por parte del Gobierno central. Fernández aseguró que la situación en Baleares evidencia «un abandono absoluto» de las competencias estatales en materia migratoria. «El Gobierno sigue mirando hacia otro lado. No tiene una política migratoria y muchas personas están perdiendo la vida en el mar porque la mayoría de migrantes que llegan a nuestras costas lo hacen por una de las rutas más peligrosas del mundo», afirmó la consellera, explicando que esta situación exige medidas urgentes, recursos suficientes y coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros servicios, como Extranjería.
La consellera también denunció el aumento de mafias que trafican con migrantes y las dificultades que enfrentan aquellos que sí se encuentran en situación administrativa regular. Además, acusó al Gobierno de trasladar su responsabilidad y señalar a otros de «racismo» cuando, según agregó, «son ellos los que están incumpliendo completamente sus funciones y tampoco están luchando contra las mafias».
El Govern balear lleva meses denunciando de manera reiterada la gestión migratoria del Gobierno central, especialmente en lo que respecta a la llegada de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias. Al preguntarle a la consellera por los posibles avances en relación al rechazo del reparto de estas personas, apuntó: «No hay ninguna novedad; es como hablar con una pared». Ante la sobreocupación de migrantes, recordó que el Ejecutivo central aprobó la declaración de emergencia migratoria en Baleares, proporcionando financiación que Fernández consideró insuficiente frente a los costes derivados de la acogida.
«Los sistemas de protección y atención de menores, gestionados por los consells, están colapsados», afirma la consellera Sandra Fernández
«No estamos exigiendo que los menores que llegan a Baleares sean trasladados a otras comunidades autónomas; estamos reclamando que no nos deriven a personas de otras regiones porque los sistemas de protección, gestionados por los consells insulares, están completamente colapsados», denunció e indicó que la situación más crítica se vive en Formentera, donde la presión sobre los servicios sociales obligó al Govern a intervenir con financiación adicional «para garantizar la atención de todos los menores y mantener el resto de servicios sociales en funcionamiento».
Regularización masiva
La consellera advirtió que la reciente regularización masiva aprobada por el Gobierno central podría tener un efecto llamada, aumentando la llegada de migrantes a Baleares «sin que existan garantías suficientes» para su implementación. «Nos vemos en una situación de impotencia total al ver cómo, lejos de intentar solucionar la llegada masiva de personas, se actúa de forma contraria con anuncios o medidas que no cuentan con los recursos ni la planificación adecuada», lamentó Fernández.
Asimismo, aseguró que incluso la Delegación del Gobierno en Baleares, «que conoce la realidad local», no ha logrado trasladar al Ejecutivo central la necesidad urgente de actuar con criterios de responsabilidad y proporcionalidad.
La consellera insistió en que la gestión estatal debería «priorizar políticas migratorias claras y recursos adecuados para garantizar la protección y los derechos de todas las personas implicadas». Desde el Govern balear, puntualizó, se reclama una política migratoria eficaz, medidas de prevención frente a mafias y la estabilidad de los servicios sociales, «en un momento en el que la presión sobre las islas alcanza niveles críticos».
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