El presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí, ha dirigido una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, solicitando que el Gobierno central refuerce los mecanismos necesarios para frenar la ruta migratoria entre Argelia y Baleares. La petición se produce ante el impacto que está generando en los servicios públicos de la isla, especialmente en el sistema de protección de menores, que, según el Consell, atraviesa una situación de «saturación sin precedentes».
En el escrito remitido al Ministerio, el presidente advierte que la evolución de esta ruta migratoria en los últimos años ha provocado un incremento «exponencial e insostenible» de la llegada de embarcaciones a las costas pitiusas. Según relata Vicent Marí en la misiva, esta situación ha generado una presión creciente sobre los servicios asistenciales del Consell, que se han visto desbordados por la magnitud del fenómeno migratorio.
Marí recuerda que la situación «lejos de estabilizarse ha continuado agravándose», lo que ha tensionado de manera notable la capacidad asistencial de la administración insular, particularmente en el ámbito de la atención a menores no acompañados.
Del colapso asistencial a la crisis estructural
Para dimensionar la magnitud del problema, el presidente señala que el Consell ha pasado de contar con 22 trabajadores dedicados a la atención residencial de menores al inicio de la crisis migratoria a disponer actualmente de 156 profesionales en este ámbito. Del mismo modo, si en 2019 existían únicamente dos centros de acogida residencial, actualmente operan 11 centros destinados a atender el flujo de menores que llegan a la isla.
Este incremento de recursos humanos y organizativos ha ido acompañado también de un importante aumento presupuestario. Mientras que el servicio de menores gestionaba en 2018 un presupuesto de 2,5 millones de euros, en 2025 esta cifra ha ascendido hasta los 12,3 millones de euros, lo que representa un incremento de casi el 400% en apenas siete años.
Un sistema al límite de sus posibilidades
A pesar de este esfuerzo económico y organizativo, el presidente advierte que la situación continúa siendo «extremadamente compleja y cada vez más difícil de sostener». Marí subraya que no se trata únicamente de una cuestión presupuestaria, sino de garantizar la correcta prestación de los servicios públicos, la adecuada atención a los menores y la cohesión social del territorio insular.
En la carta también se hace referencia a los problemas derivados de la saturación del sistema, que recientemente provocó un incidente en uno de los centros de acogida. Este episodio evidencia, según señala el presidente, la dificultad para estabilizar las plantillas y encontrar profesionales que puedan atender un servicio actualmente desbordado y bajo una presión constante.
Competencias estatales para un fenómeno estructural
Vicent Marí advierte que el sistema de protección de menores está siendo utilizado para gestionar un fenómeno migratorio que ya tiene carácter estructural y que «excede las competencias insulares». En este sentido, reclama que sea el Estado quien asuma plenamente las responsabilidades que le corresponden ante una situación de dimensión nacional.
Por todo ello, el presidente del Consell reitera al Ministerio del Interior la necesidad de impulsar medidas para eliminar la denominada ruta balear, así como promover acuerdos de cooperación con Argelia que permitan prevenir la salida de embarcaciones desde sus costas. Asimismo, solicita avanzar en instrumentos bilaterales que faciliten el retorno de los menores inmigrantes a sus entornos familiares.
El presidente concluye su escrito reclamando una respuesta firme y coordinada por parte del Gobierno de España ante una situación que, según indica, requiere «una actuación decidida del Estado para garantizar tanto la sostenibilidad de los servicios públicos insulares como el bienestar de los menores que llegan a territorio español».
El 26 de septiembre del año pasado el gobierno declaró "ruta migratoria" Baleares. Desde entonces, tras unas semanas previas a esas fechas, donde fueron muchos los titulares solicitando dicha ruta se hizo el silencio, incluso el señor Mari y la presidenta del gobern Balear se pasaron por Bruselas a recoger las instrucciones Después le han seguido las nuevas lanchas de salvamento, los radares, los barracones, las 56 ambulancias y millones de euros. También el Frontex, que es la policía migratoria de la comunidad europea que es la que lleva el "control" al declararse tal ruta. La campaña electoral no cesa, la vivienda no es una opción en Ibiza como propuesta y la inmigración le come la tostada a cierto PPartido político.