El pleno del Consell d’Eivissa, con el voto a favor del PP y VOX, reclamó este viernes la derogación del registro único de alquiler turístico del Gobierno porque «está perjudicando a quienes cumplen la ley mientras facilita situaciones de fraude».
Los populares presentaron una moción para criticar que el registro «pone trabas a los alquileres legales y abre un coladero para los ilegales», y para reclamar una regulación «clara, útil y eficaz» del alquiler turístico.
El vicepresidente y conseller de Ordenación Turística, Mariano Juan, señaló que su partido está a favor del control, «pero de un control que funcione, no de más burocracia que castiga a quien cumple».
Según explicó Mariano Juan en el pleno, el sistema estatal ha creado un registro duplicado que obliga a propietarios con licencia en regla a realizar nuevos trámites ante el Registro de la Propiedad, con costes elevados y sin aportar ninguna mejora real en el control de la actividad.
«Hay viviendas totalmente legales que se están quedando fuera del mercado por culpa de este sistema. Es absurdo y es injusto», apuntó Juan, quien cuantificó en 320 las viviendas turísticas legales que se han visto afectadas por este registro único y que han tenido que quitar sus anuncios de las plataformas.
El conseller de Ordenación Turística también alertó de que la norma está generando el efecto contrario al que pretende, ya que se están dando registros a alquileres de temporada que en realidad «se están explotando como turísticos» y no hay «herramientas para obligar a las plataformas a retirarlos», ya que han obtenido el número del registro único del Gobierno. Mariano Juan aseguró que «hay un mínimo de 70» viviendas turísticas que estarían en fraude de ley en Ibiza. «Es un coladero», añadió el conseller.
Para el PP, el problema radica en cómo el Gobierno ha diseñado esta normativa, porque ha creado «otro registro más, duplicando trámites y complicando la situación» cuando lo que se plantea desde Europa es «una ventanilla única para compartir datos».
Asimismo, los populares defendieron que la ordenación turística debe seguir en manos de las administraciones que conocen la realidad del territorio y han rechazado que se pueda legislar «desde un despacho en Madrid sin tener en cuenta lo que pasa en Ibiza».
Otros asuntos
El pleno de la institución ibicenca rechazó la moción del VOX para llevar a cabo una auditoría externa sobre el servicio de Menores y la propuesta de Unidas Podemos para rebajar las sanciones a los propietarios de caravanas que estacionen en suelo rústico.