El Gobierno no está dispuesto a aceptar ninguna responsabilidad en el caso de la mujer de Sant Antoni que el pasado mes de febrero fue brutalmente agredida por su expareja en presencia de sus familiares y cuya pulsera de protección no funcionó debidamente. El agresor pudo saltarse la orden de alejamiento de la víctima, de tan solo 100 metros y, antes de que la pulsera se activara, logró llegar hasta ella y atacarla con un objeto punzante que le clavó en el cuello. Además, también le produjo lesiones graves en la cabeza con un objeto contundente. Fueron los familiares los que llamaron a la Guardia Civil.
El senador ibicenco del PP Miquel Jerez ha remitido diversas preguntas al Gobierno para intentar conocer qué falló en un caso que ha tenido como resultado que la víctima haya permanecido más de un mes hospitalizada. En su respuesta, el Gobierno no admite errores y asegura que «el sistema de control telemático funcionó correctamente durante todo el incidente, registrando y transmitiendo las señales previstas». También indica que «la gestión realizada por los operadores de la Sala COMETA fue continuada y conforme al protocolo».
En su respuesta, el Gobierno arremete contra los jueces y cuestiona órdenes de alejamiento como la otorgada a la víctima de tan solo 100 metros. «La distancia de la orden de alejamiento de 100 metros», afirma en el documento, «no permite margen operativo de las fuerzas de seguridad y dificulta, o directamente imposibilita, la protección efectiva de la víctima». Y añade: «Cuando la alerta se activa a 100 metros, el tiempo de reacción es extremadamente reducido. Si el agresor recorre esa distancia en vehículo, el margen de actuación se reduce a apenas unos segundos, lo que hace muy difícil que pueda producirse una intervención efectiva».
El Gobierno considera, además, que «la distancia de las órdenes de alejamiento es un elemento clave de la protección ya que la eficacia del sistema no depende únicamente de la tecnología sino también de las condiciones fijadas en la medida judicial, especialmente la distancia de exclusión».
En las preguntas formuladas por el senador Jerez, destaca la relativa al motivo por el que «no se actuó antes de la agresión si supuestamente el sistema telemático ‘registró y transmitió las señales previstas’», tal y como ha indicado el Gobierno desde que se produjeron los hechos y se denunció que la pulsera de protección no había funcionado. Jerez tiene claro que «el Gobierno está desviando el problema en la distancia de la orden de alejamiento, como si todo lo demás hubiera funcionado correctamente». «Esto es trasladar el foco a los jueces para no asumir responsabilidades políticas propias», ha proseguido, «y, además, lo hace con una versión que ni siquiera coincide con lo que apuntan fuentes judiciales ni con los testimonios de los propios afectados, que hablan de fallos o retrasos en el sistema».
El senador ha recordado que la orden de alejamiento «no es una decisión exclusivamente judicial» pues en la misma interviene también el Ministerio Fiscal. «Si la distancia en este caso resultó insuficiente, parece razonable analizar también qué se propuso y con qué información se contaba en ese momento, en lugar de centrar toda la explicación en una única decisión», ha subrayado.
Entre las dudas suscitadas por este caso, una llama especialmente la atención. Y es que el el Ministerio de Igualdad anunció tras la agresión que semanas antes de que esta se produjera, en concreto el 8 de enero, la sala COMETA había remitido a la autoridad judicial de Ibiza un escrito recomendando ampliar la orden de alejamiento a 350 metros. Sin embargo, nada se sabe en los juzgados ibicencos de dicha recomendación.
,,cuando las medidas de autoprotección son pésimas y la actuación policial dependen de las mismas,, no queda más remedio que encomendarse a la suerte..