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Chabolismo en Ibiza: la Policía Local impide un nuevo asentamiento en es Viver

Ha cerrado el acceso al solar con rocas en el barrio de es Viver y retirará los vehículos en un plazo máximo de 72 horas

Los agentes municipales han señalizado los más de 10 vehículos detectados en el solar para que sean retirados por la grúa municipal.

| Ibiza |

La Policía Local de Ibiza ha evitado este mismo miércoles la instalación de un nuevo asentamiento ilegal en la ciudad. El solar afectado se encuentra detrás del polideportivo de es Viver, según ha podido saber Periódico de Ibiza y Formentera. «Ya se estaban acumulando vehículos ahí y la Policía Local ha intervenido para prevenir que se forme un nuevo asentamiento», han explicado desde el Ayuntamiento de Eivissa.

Entre otras acciones, los agentes municipales han señalizado los más de 10 vehículos detectados en el solar para que sean retirados por la grúa municipal. Los propietarios de estos coches y caravanas tienen un plazo de 72 horas para sacarlos voluntariamente antes de que sea activada la retirada por parte del Ayuntamiento. Además, la Policía Local ha colocado grandes rocas en el perímetro del solar con el fin de impedir que puedan acceder otros vehículos a este espacio.

En el momento de la intervención no se hallaba en el solar ninguna persona, según han explicado desde el Ayuntamiento. La Policía Local sí se ha hecho cargo de un cachorro de perro que carecía de chip de identificación y que «no tenía ni comida ni agua cerca y estaba lleno de parásitos». El animal ha sido trasladado al Centro de Protección Animal de Sa Coma.


Desalojos

Los asentamientos ilegales se han convertido en un grave problema para Ibiza. En estos momentos, el Ayuntamiento se encuentra a la espera de proceder al desalojo del instalado en la parcela número 7 de Sa Joveria. Un desalojo para el que cuenta con autorización judicial y que se llevará a cabo el próximo día 21 de abril. El Consistorio solicitó en noviembre a los propietarios del solar la limpieza del mismo. Sin embargo, el terreno se había convertido en un auténtico campamento chabolista en el que residen decenas de personas por lo que los propietarios argumentaron que les era «del todo imposible» ejecutar la orden municipal. Vila volvió a reclamarles la limpieza del terreno un mes más tarde y la propiedad autorizó al Ayuntamiento a entrar en el terreno para llevar a cabo las acciones que considera oportunas. Fue entonces cuando el Consistorio solicitó, ya el pasado mes de febrero, una medida cautelarísima al Tribunal de Instancia Contencioso-Administrativo de Palma para poder acceder al asentamiento y desmantelarlo. El tribunal aceptó la petición y fijó la entrada para el próximo día 21 de abril. El desalojo, según el tribunal, deberá realizarse durante el día y, si es necesario, podrán intervenir los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Los residentes en este asentamiento ya han sido informados de la medida.

El desalojo de sa Joveria está fijado por orden judicial para el 21 de abril en horario diurno. Justo ocho días después (29 de abril) se procederá al desalojo por orden judicial del campamento chabolista establecido en una parcela de Can Misses y en el que residen cerca de 80 personas en caravanas y tiendas de campaña, además de otras infraviviendas. En este caso, la sentencia que ordena que deben salir de allí fue dictada por el juzgado el pasado otoño, según indicaron fuentes de la propiedad del terreno a Periódico de Ibiza y Formentera. Las mismas fuentes afirmaron a este rotativo que algunas de estas personas llegaron a meter las caravanas en el solar empleando una grúa pluma.

A finales de abril del año pasado, los propietarios de este solar de Can Misses decidieron vallar parte del perímetro del mismo ante el peligro de que el asentamiento que ya había comenzado a instalarse fuera a más. Buena parte de las personas que entonces se habían desplazado a la finca procedían del desalojo de Can Rova II, según señalaron entonces los propietarios, que también explicaron en aquel momento que, tras detectar las primeras ocupaciones, interpusieron la correspondiente denuncia por usurpación. Una denuncia cuya sentencia se dictó meses más tarde y que ahora tendrá que ser ejecutada.

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