El Ayuntamiento de Ibiza procedió este martes al desalojo del mayor asentamiento de chabolas de la isla e inició el desmantelamiento de un centenar de infraviviendas de madera y plástico donde en verano han llegado a residir 400 personas de las que aún quedaban unas 80 hasta hace pocos días.
Un operativo formado por 25 agentes de Policía Local y Nacional, junto a técnicos municipales, personal de los servicios sociales, de medio ambiente y de la empresa de limpieza acudieron a las 10.00 horas al solar de sa Joveria, ubicado junto entre el Recinto Ferial y el hospital Can Misses, para ejecutar la orden judicial de desalojo.
La operación comenzó con un recorrido de agentes y técnicos caseta por caseta para constatar que no quedaba nadie o, en su caso, evacuarlas, y para retirar bombonas de gas o cualquier otro elemento peligroso antes de la entrada de las retroexcavadoras para derribar las chabolas.
Como la gran mayoría de moradores se habían ido antes del desalojo, en el asentamiento quedaban este martes recogiendo sus pertenencias menos de una decena de personas que lamentaban la falta de alternativas de vivienda por el alto precio de los alquileres en la isla.
El asentamiento, que comenzó en 2020 con algunas caravanas, fue creciendo y cambiando con la instalación de cabañas hechas con palés de madera y cubierta de plástico.
El perfil mayoritario de los habitantes es el de trabajadores saharauis, de Argelia o Marruecos, empleados en la construcción y en la hostelería.
La valoración
Rafa Triguero, alcalde de Vila, compareció este martes ante los medios tras el desalojo. Triguero advirtió que el Consistorio ha incrementado la vigilancia en el municipio para evitar la instalación de nuevos asentamientos. Y es que el próximo día 29 está previsto el desalojo judicial del ubicado en Can Misses y que preocupa especialmente por el elevado número de personas que residen en el mismo.
Con respecto a los residentes en el de sa Joveria, el alcalde Triguero admitió que «se ha valorado que puedan desplazarse» a otros puntos del municipio. Y afirmó que se está llevando a cabo «una supervisión constante» por parte de los celadores municipales para evitarlo. A esto se suma que posibles ubicaciones como el solar ubicado junto al hospital de Can Misses y propiedad del IbSalut empezó a ser vallado este mismo martes con el fin de imposibilitar el acceso al mismo de los residentes en estos campamentos ilegales.
Triguero defendió el papel del Ayuntamiento ante la grave situación de los asentamientos. Desalojar estos espacios, según destacó, «es una de las decisiones más difíciles». «A ningún alcalde le gusta», según reconoció, «pero hay que hacerlo por responsabilidad y por justicia hacia las mismas personas que están viviendo ahí». Y, aunque admitió que el problema de la falta de vivienda en la ciudad es grave, el Ayuntamiento «no tolerará esta forma de vida».
Triguero dejó también claro que «no se puede generar expectativas a temporeros que están acostumbrados a vivir como estaban viviendo aquí». Sobre todo por los problemas de seguridad y salubridad que tienen estos espacios. Problemas que, en el caso de sa Joveria, se agravan porque en la finca existen varios acuíferos que, según Triguero, corrían el riesgo de ser contaminados.
El alcalde, por otro lado, dirigió un mensaje claro a quienes tengan la intención de desplazarse a Ibiza para vivir en asentamientos ilegales: «Busquen otro emplazamiento». E insistió en que vivir en estos espacios es «un drama social» ante el cual las administraciones han de actuar «por responsabilidad» y «antes de que pase una desgracia». Triguero destacó que es necesario «evitar el efecto llamada» y precisó que, si estas personas se desplazan a la isla para hacer la temporada, es porque «aquí se paga más que en la Península». En este sentido, recordó que el Consistorio ya contactó en diversas ocasiones con los saharauis residentes en sa Joveria para trasladarles el mensaje de que es preferible que tengan «una vida digna y segura» en la Península antes que residir en la isla «por un precio hora de uno o dos euros más».
«Esto es una bomba de relojería», advirtió el alcalde de Vila, «no hemos tenido una santa desgracia porque la gracia divina no ha querido que sucediera nada».
En cuanto al coste del operativo desplegado este martes, el alcalde explicó que deberá ser asumido íntegramente por el propietario de los terrenos, que asistió al desalojo. Triguero apuntó que, además de pagar la limpieza, deberá proceder al vallado del terreno para evitar que vuelva a ser ocupado. El alcalde no pudo este martes cuantificar a cuánto ascenderá la factura, aunque sí que advirtió que será elevada.
Triguero lamentó, además, que será necesario retirar una gran cantidad de residuos. En este sentido, afirmó que Valoriza colocó varios contenedores en las cercanías del asentamiento para que los residentes depositaran allí la basura. Sin embargo, en un año «no se ha retirado ni un contenedor», según lamentó. Y recordó el esfuerzo que supone para el Ayuntamiento el control de estos asentamientos ilegales anualmente.
Caravanas en otro punto cercano
Cerca del CEIP Sa Joveria se encuentra otro asentamiento pero, en este caso, de caravanas y ubicado en un espacio público. Triguero no aclaró este martes si será desalojado pero sí recordó que las ordenanzas municipales prohíben el estacionamiento más allá de las 72 horas, así como pernoctar en la calle. «Esperamos que se vayan de forma voluntaria a donde sí puedan estacionar sus vehículos«, según destacó y lamentó que aún sigan entrando en la isla caravanas a pesar de la ley que limita su acceso.
Entre 10 y 12 expedientes de vulnerabilidad este invierno
La concejala de Asuntos Sociales, Lola Penín, explicó, por su parte, que el departamento ha atendido a siete de los residentes en el asentamiento de sa Joveria. El Consistorio había puesto a disposición de estas personas varias habitaciones y viviendas para familias pero, finalmente, el número de peticiones de ayuda ha sido inferior al previsto. Penín, no obstante, apuntó que la concejalía ha abierto este invierno entre 10 y 12 expedientes por vulnerabilidad a residentes en el campamento.
Además, no descartó que algunos de los residentes se hayan desplazado directamente hasta la UTS Eixample para intentar solucionar su situación. Penín quiso dejar claro que el Ayuntamiento lleva trabajando con los residentes en Sa Joveria desde hace tiempo. Y confirmó que buena parte de estas personas cuenta con contrato de trabajo e ingresos por lo que no podrán ser considerados como vulnerables.
Iros a vivir a Menorca, los Menorquines sonngente cálida y acogedora, además la isla está semidespoblada, allí encontrareis muchos sitios donde montar un campamento chabolista.