El Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza ha decretado la apertura de juicio oral contra Lydia Jurado, exconsellera de Bienestar Social en la última legislatura progresista en el Consell d’Eivissa bajo mandato del socialista Vicent Torres (2015-2019), por un presunto delito de prevaricación en la firma de dos contratos con la entidad social Amadiba, que reclama al Consell 2,2 millones de euros por los trabajos realizados en el marco de estos supuestos contratos entre los años 2017 y 2019.
En el auto de apertura de juicio oral, la jueza expone que el 1 de enero de 2018, Lydia Jurado suscribió con Amadiba un contrato de prestación de servicio para la «realización del servicio específico (centro de acogida de menores con discapacidad intelectual grave) de acogida residencial de menores con medida de protección tanto de guarda como de tutela, como por delegación de padres que lo pidan y se acuerde para la sección de atención a personas con discapacidad y trastorno mental grave». Este contrato se realizó sin tramitación administrativa previa, según recuerda la jueza. El 23 de marzo de ese mismo año, Jurado firmó otro contrato con Amadiba sin tramitación administrativa previa, tal y como recuerda en el auto la jueza.
Según ha mantenido siempre la entidad Amadiba, el anterior gobierno insular de PSOE y Guanyem encargó a la misma la atención a personas con discapacidad intelectual, un extremo que ningún técnico del departamento quiso validar en su momento con su firma y que ningún responsable político de entonces quiso asumir. Ahora, sin embargo, la jueza considera que el contrato que se firmó en su momento, y que fue rubricado por la exconsellera de Guanyem, constituye un supuesto delito, al no ver claras «las circunstancias de ‘extrema gravedad, urgencia y necesidad’ alegadas como causa justificativa para sortear la tramitación administrativa ordinaria».
En el auto de la jueza se expone también que el Consell d’Eivissa solicitó diligencias probatorias testificales de Vicent Torres, expresidente socialista del Consell; Viviana de Sans, vicepresidenta primera y consellera de Transparencia; Judith Romero, directora insular de Igualdad; Jane King, gerente de Amadiba, y María Josefa Fernández en su condición de firmante por parte de Amadiba de los contratos que se están investigando. La jueza determina que estas diligencias probatorias solicitadas no pueden ser acogidas, pues «la única conducta que se estimó que pudiera ser constitutiva de ilícito penal de prevaricación administrativa objeto de la presente causa eran las presuntas irregularidades que pudieran existir en lo que respecta a la tramitación de dos únicos y concretos contratos de prestación de servicio, que fueron firmados por Lydia Jurado sin que conste la correspondiente tramitación administrativa preceptiva a tal efecto».
Los testimonios
El auto de apertura de juicio oral expone que «cobra especial relevancia a la hora de determinar los hechos que se atribuyen en la causa [esto es, un presunto delito de prevaricación] los contratos de prestación de servicio del 01/01/2018 y del 23/03/2018 formalizados y firmados por la señora Lydia Jurado en su condición de consejera de Sanidad y Bienestar Social y los testimonios ofrecidos por los testigos a la hora de poner de manifiesto lo irregular del procedimiento y la ausencia de tramitación administrativa previa habilitante para ello».
La denuncia
En este punto es preciso recordar que el actual gobierno del Consell d’Eivissa presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en 2023 tras recibir un dictamen elaborado por los servicios técnicos y jurídicos de la institución. Dicho informe, de 140 páginas, concluyó que entre 2015 y 2019 se encargaron trabajos a Amadiba de forma verbal, sin ningún tipo de procedimiento administrativo ni aval técnico que lo sustentara. Según ese dictamen, los servicios se habrían encargado al margen de cualquier expediente, y dos contratos incluso se habrían confeccionado posteriormente de manera irregular, después de que el Consell Executiu los denegara. En base a estas conclusiones, el informe apuntaba la posible existencia de hasta cuatro delitos: negociaciones prohibidas, fraude, falsedad documental y prevaricación. El vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, explicó en aquel momento que el gobierno insular decidió paralizar el procedimiento administrativo que se seguía para intentar abonar las facturas reclamadas por Amadiba, al considerar que existía un «cúmulo de irregularidades».
La declaración
En enero de 2024, la exconsellera ibicenca Lydia Jurado compareció ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza. En esa declaración, Jurado únicamente respondió a las preguntas de su abogada, afirmando que «todo estaba correcto» y que no había cometido ninguna prevaricación. Sin embargo, tal y como se refleja ahora en el decreto de apertura de juicio oral, no hay ningún expediente administrativo que ampare la prestación de los servicios que reclama Amadiba. En este sentido, es preciso recordar que la entidad Amadiba interpuso una demanda ante el Tribunal Contencioso-Administrativo en diciembre de 2023 denunciando el impago del Consell d’Eivissa por valor de 2,2 millones de euros por los servicios prestados en la legislatura de izquierdas, reclamación que aún no se ha resuelto judicialmente.
Ahora, se ha dictaminado la apertura de juicio oral contra la exconsellera Lydia Jurado por un presunto delito de prevaricación.
El caso Amadiba fue investigado por la extinta Oficina Anticorrupción del Govern de la socialista Francina Armengol, que archivó la denuncia, del mismo modo que otros supuestos casos que afectaban a mandatarios socialistas y que, sin embargo, años después están teniendo amplio recorrido judicial, como el caso Puertos o el caso mascarillas, entre otros.