Con una serie de novedades, como la presencia del recién nombrado jefe de Policía Local del municipio, Tomás Monzó, y de Francisco Bonilla, nuevo jefe del Puerto, Sant Antoni ha llevado a cabo la primera de sus dos Juntas Locales de Seguridad para preparar los operativos y dispositivos conjuntos de cara a la próxima temporada estival. En ella, una vez más, la lucha contra la venta de sustancias estupefacientes y los efectivos destinados al municipio de Guardias Civiles han centrado el debate entre instituciones. Tras el encuentro, el alcalde Marcos Serra y el Delegado de Gobierno, Rodríguez Badal han sido los encargados de comparecer para exponer lo abordado a lo largo de la reunión.
En primer lugar, el alcalde ha querido recalcar los esfuerzos que desde el Ayuntamiento están realizando para incrementar la seguridad este verano. En este sentido, Serra ha apuntado que el municipio afrontará la temporada estival con un refuerzo notable de efectivos. La Policía Local pasará de 59 a 69 agentes con la incorporación de diez nuevos miembros, dos de los cuales ya se han incorporado y ocho realizarán sus prácticas durante tres meses compaginándolas con patrullas reales. Los Agentes de Intrusismo y Convivencia se duplicarán, de cuatro a ocho, y la seguridad privada también reforzará su presencia, de dos a seis efectivos.
En cuanto a la venta de óxido nitroso –conocido popularmente como gas de la risa– el alcalde ha asegurado que, pese a los esfuerzos de la Policía Local «actualmente no contamos con el respaldo legal que existe en otros países, lo que dificulta su control. Se realizan importantes incautaciones y centenares de actuaciones cada año, pero al tratarse de un producto de venta legal resulta complicado combatir esta práctica».
Sin cambios legislativos
En este sentido, el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, ha asegurado que se está trabajando para frenar la llegada de este producto a las islas: «Mediante la localización de determinados envíos masivos de esta sustancia para poderlos interceptar cuando se detecta que el volumen de la partida no responde a ningún uso razonable», ha explicado. Sin embargo, sobre posibles conversaciones con el Gobierno central para ejecutar un posible cambio legislativo, no ha especificado ningún avance en este sentido y ha especificado que «es una sustancia que no está prohibida porque tiene un uso legal. El problema es el uso inadecuado».
Marcos Serra: «No contamos con el respaldo que existe en otros países para luchar contra la venta de óxido nitroso»
En ese marco, Serra ha destacado la operación llevada a cabo a finales del año pasado en el edificio Tanit, donde la Guardia Civil intervino con orden judicial para desarticular un punto de venta de móviles robados y también de drogas y óxido nitroso, con la confianza en que se produzcan actuaciones similares.
Pese a ello, no se ha abordado en la reunión la posibilidad de que nuevas sustancias se hayan introducido en el municipio la pasada temporada. Cabe recordar que el pasado año se tuvieron que lamentar cinco víctimas como consecuencia de precipitaciones desde terrazas de hoteles bajo los efectos de sustancias estupefacientes.
Pendientes de refuerzos
Respecto a la presencia de efectivos de la benemérita en el municipio portmanyí, Serra ha pedido que los refuerzos del cuerpo para este verano sean, como mínimo, equivalentes a los de 2025: «Continuamos con esta buena coordinación que tenemos entre Guardia Civil y Policía Local de Sant Antoni, pero siempre son bienvenidos más recursos», ha afirmado el alcalde. Unos refuerzos que Rodríguez Badal ha descrito como los más numerosos y prolongados de la historia, con una extensión hasta finales de octubre.
Alfonso Rodríguez Badal: «Los refuerzos de Guardia Civil de 2025 fueron los mayores por número y duración de la historia»
Rodríguez Badal ha confirmado ese compromiso, aunque ha precisado que la distribución operativa concreta depende de los profesionales del cuerpo en función de las necesidades reales sobre el terreno. Ha salido también al paso de las críticas sobre una supuesta pérdida de efectivos: «El saldo neto de guardias civiles en Baleares en 2025 fue de más 161. Eso quiere decir que entre los que se fueron y los que llegaron, crecimos en 161 guardias civiles», ha subrayado, añadiendo que la Policía Nacional registró un incremento de 74 agentes en el mismo periodo.
En este sentido, el Delegado de Gobierno ha pedido que «no se frivolice» cuando se habla de plantillas incompletas, porque asegura que si los porcentajes se han reducido, tiene que ver con que «se ha aumentado el catálogo. Por ejemplo, en Santa Antoni se incrementó el catálogo de los Guardias Civiles en un 25 %. Por lo tanto, con una cobertura superior incluso a la de otros años, puede parecer que estamos más lejos en el porcentaje de cobertura».
Para consolidar estas plantillas, el mayor reto sigue siendo la vivienda. En este sentido, el Rodríguez Badal ha asegurado que «España tiene consignados más de 33 millones de euros en su segundo plan de infraestructuras para construir residencias para funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad: un bloque junto a la Comisaría de Policía Nacional en Ibiza y otro en Santa Gertrudis, en terrenos cedidos por el Ayuntamiento».
Mientras tanto, los refuerzos estivales seguirán alojándose, en muchos casos, en establecimientos hoteleros que colaboran con el cuerpo.
Lucha marítima
En el capítulo marítimo, el alcalde ha celebrado la incorporación de una nueva unidad de Vigilancia Territorial creada por el Govern nalear, con una embarcación en el puerto de Sant Antoni, para combatir los chárter ilegales, los fondeos irregulares sobre praderas de posidonia y el uso no autorizado de pantalanes. «Muchas veces queríamos hacer intervenciones en el litoral y necesitábamos ayuda de otros cuerpos. Ahora, por primera vez, tenemos una unidad creada específicamente para este control», ha explicado Serra, quien ha descrito la iniciativa como una reivindicación histórica del sector náutico local.
Rodríguez Badal ha añadido que la Dirección General de la Guardia Civil ha aprobado 12 nuevas plazas para el Servicio Marítimo del cuerpo en Ibiza, ligadas a la construcción de viviendas en sa Coma mediante convenio con el Consell d’Eivissa.