El Ayuntamiento de Ibiza se encuentra a una semana de iniciar el desalojo del local situado en el número 59 de la calle Aragón. Así lo anuncia un cartel colocado por el propio Consistorio en la cristalera del establecimiento, junto a un desgastado anuncio de venta de hielo y otro de ‘bebidas y refrescos’ cubierto de pintadas. En el aviso se comunica el lanzamiento de los ocupantes y el posterior precinto del uso de vivienda en curso para el próximo 12 de mayo a las 10.00 horas.
El inmueble, un antiguo local comercial que nunca llegó a consolidar actividad como supermercado, lleva años ocupado por un número indeterminado de personas. Según la mayoría de vecinos consultados por Periódico de Ibiza y Formentera, la convivencia ha sido en general discreta: «Entran y salen bastante discretamente, sobre todo a primera hora de la mañana y por la tarde, cuando terminan la jornada: la mayoría son gente trabajadora».
Condiciones precarias
Pese a esa percepción de normalidad relativa, algunos residentes del entorno alertan de las condiciones en las que se vive en el interior. «He llegado a ver que hay un menor viviendo allí, entran y salen con el niño, que debe tener unos dos o tres años», explica una vecina, que reconoce que «desde ese escándalo no he estado tranquila». Otra residente añade: «No he llegado a ver al niño, pero me consta que allí dentro no se vive en condiciones: está muy sucio y tienen las habitaciones partidas con cortinas o pladur. Cocinan con bombonas de butano».
Ambas coinciden en que, más allá de la empatía por la situación de acceso a la vivienda —«hay mucho problema con la vivienda y, al final la gente se busca la vida como puede»—, el local no reúne condiciones de habitabilidad ni seguridad. «No es agradable salir de casa y encontrarse con un local de esta manera», señala una de ellas, mientras la otra insiste en el riesgo: «No es un lugar seguro, una no sabe si están cocinando con bombonas de butano y en qué condiciones».
En cuanto a la sensación de inseguridad, los testimonios apuntan a una mejora en los últimos meses, aunque persisten dudas: «Hace tiempo que están más tranquilos, pero lo que hemos podido evidenciar, parece que se hacen otro tipo de negocios en ese local que me preocupan». Ambas vecinas celebran el inminente desalojo: «Porque no es un lugar donde se pueda vivir de manera digna».
Episodio violento
La relativa calma se vio alterada en junio de 2025 por un incidente que permanece en la memoria del barrio. Agentes de la Policía Nacional detuvieron entonces a un hombre de origen rumano como presunto autor de delitos de hurto, allanamiento de morada, daños y resistencia a la autoridad. El individuo irrumpió violentamente en el local ocupado, donde destrozó mobiliario y lanzó enseres a la vía pública, causando daños en vehículos estacionados.
Según fuentes policiales, el hombre presentaba una actitud extremadamente agresiva y, al parecer, había consumido drogas. Llegó a desafiar a los agentes, negándose a deponer su actitud y profiriendo amenazas, en un entorno donde además había cuchillos, lo que incrementó la peligrosidad de la intervención. Finalmente, fue reducido y trasladado al hospital de Can Misses por heridas sufridas durante el altercado.
Los propios moradores del local aseguraron entonces que se trataba de una persona expulsada previamente por impago, que regresó «en una actitud muy violenta». Aquel episodio rompió la percepción de normalidad que algunos vecinos mantenían hasta entonces: «El sábado hubo una violencia que nunca había visto. Reconozco que tuve miedo», relataba otro residente en fechas posteriores.
Alquileres informales
Testimonios recabados tras aquel suceso apuntaban a que en el interior del local convivían unas once personas de diversas nacionalidades, principalmente sudamericanas. Uno de los residentes aseguraba pagar 500 euros mensuales por una habitación y defendía que «todos trabajamos», evidenciando la dimensión social del problema: la dificultad de acceso a vivienda asequible en Ibiza, especialmente para trabajadores.
Este caso refleja una tendencia creciente en la isla, donde locales comerciales, bajos o naves industriales son reconvertidos sin licencia en alojamientos precarios.
Molestias puntuales
En el entorno comercial, la mayoría de negocios aseguran no haber tenido problemas relevantes con el local ocupado. La excepción es una floristería cercana, cuyo responsable menciona incidencias de fontanería «independientes de quien habita el lugar», aunque celebra el desalojo: «Por fin van a echarlos después de tanto tiempo, aunque la culpa no es suya: es de quienes han permitido que entren a un local, de los jueces que tardan tanto tiempo en tomar decisiones y del Gobierno y de las leyes que impiden actuar».
Desde un supermercado de la avenida España, conectado internamente con el local, también reconocen molestias: «Desde esa parte entra un olor a marihuana que impregna toda la tienda», explica una dependienta, que añade haber sufrido problemas «con cucarachas que salen de esa misma parte».
Asistencia social
El Ayuntamiento reconoce que desconoce el número exacto de personas que residen en el interior, así como la posible presencia de menores: «No nos han dejado entrar, por lo que no tenemos constancia». No obstante, el Consistorio asegura que el día del desalojo habrá presencia de servicios sociales para atender a quienes lo necesiten.
El proceso administrativo se remonta a meses atrás, cuando el cambio de uso del local —de comercial a residencial— impidió ejecutar un primer decreto de precinto. Posteriormente, se inició un procedimiento sancionador por ocupación indebida, con una multa superior a los 100.000 euros, y la propiedad emprendió acciones judiciales para recuperar el inmueble.
El próximo 12 de mayo, si no hay cambios de última hora, se pondrá fin a una situación que ha combinado durante años discreción, precariedad y episodios puntuales de conflicto en pleno núcleo urbano de Ibiza.