El vicesecretario de Relaciones Institucionales del Partido Popular de Ibiza, Jacobo Varela, ha solicitado la dimisión de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, tras la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Registro Único de arrendamientos de corta duración por carecer el Estado de competencia para su creación, evidenciando el fracaso de una norma que ha generado inseguridad jurídica y un grave perjuicio al sector turístico.
Varela ha subrayado que «esta resolución confirma lo que ya advirtieron comunidades autónomas como la Comunitat Valenciana, Andalucía, Canarias o la Región de Murcia, que recurrieron el Real Decreto por invasión competencial, así como el propio Govern de les Illes Balears, que reclamó su derogación y denunció que el sistema suponía una clara invasión de competencias y un modelo que penalizaba a la oferta legal».
El popular ha recordado que «también el Consell de Ibiza trasladó formalmente estas preocupaciones al Ministerio de Vivienda mediante diversas cartas institucionales, alertando de los efectos reales que el registro único ya estaba provocando en la isla. En estas comunicaciones se advertía de la duplicidad de registros, de la inseguridad jurídica generada y de la distorsión del mercado, incluyendo la revocación de números de registro a viviendas plenamente legales y el surgimiento de nuevas vías de fraude vinculadas al alquiler de temporada. Asimismo, se alertó de que la configuración del sistema estaba comprometiendo la eficacia de la inspección y facilitando la elusión de la normativa turística».
«La sentencia del Tribunal Supremo confirma que el Estado no puede imponer un registro nacional obligatorio que se superponga a los registros autonómicos, anulando el núcleo del Real Decreto 1312/2024. Sin embargo, mantiene otros instrumentos como la ventanilla única digital y la transmisión de datos, lo que evidencia que era posible articular herramientas eficaces sin invadir competencias», ha añadido.
Varela ha incidido en que todas estas deficiencias fueron advertidas durante la tramitación de la norma y también en el ámbito europeo. El Reglamento (UE) 2024/1028 establece que una misma vivienda no puede estar sometida a más de un procedimiento obligatorio de registro y apuesta por sistemas simples e interoperables. Sin embargo, el modelo estatal introdujo un sistema de doble registro contrario a este principio.
En el marco del procedimiento TRIS, la Comisión Europea advirtió expresamente del riesgo de incompatibilidad del sistema español por la duplicidad de registros, recordando que el Reglamento prohíbe someter una misma vivienda a más de un procedimiento obligatorio. Esta preocupación fue reiterada en el Parlamento Europeo, donde la Comisión confirmó en una respuesta oficial de 27 de abril de 2026 que había trasladado «en varias ocasiones» sus dudas sobre el modelo español y señaló que evaluaría plenamente su compatibilidad a partir del 20 de mayo de 2026.
En este sentido, cabe recordar que dicho plazo ha finalizado sin que el Gobierno haya corregido el sistema, lo que agrava la situación de inseguridad jurídica y evidencia la falta de reacción ante advertencias claras de las instituciones europeas. Además, el popular ha señalado que «el Consejo de Estado ya advirtió de los problemas de encaje competencial del registro estatal durante la tramitación del real decreto, pese a lo cual el Gobierno decidió mantener el diseño».
Asimismo, se debe tener en cuenta que el Consell respaldó expresamente la Declaración de Sevilla, suscrita por comunidades autónomas que representan la mayor parte del turismo en España, en la que se exigía la revisión inmediata del Registro Único por «duplicar funciones, invadir competencias e introducir cargas burocráticas y económicas indebidas para la oferta legal».
En el ámbito insular, Varela ha recordado que el pleno del Consell aprobó una moción específica en la que se instaba a la derogación del Real Decreto 1312/2024, denunciando sus efectos sobre Ibiza, entre ellos la inseguridad jurídica, las cargas desproporcionadas y el perjuicio directo a propietarios que cumplen la normativa insular.
Además, ha sido especialmente crítico con la actuación de la secretaria de Estado de Turismo, afirmando que «se ha desentendido de este problema desde el primer momento, actuando con soberbia y sin escuchar a quienes realmente están trabajando en la ordenación turística y del territorio. Se ignoraron las advertencias de las comunidades autónomas, del sector, de Europa, del propio Consejo de Estado y de las instituciones insulares, y el resultado es una norma anulada por los tribunales», ha añadido.
«Estamos ante meses perdidos en la lucha contra la oferta ilegal, una inseguridad jurídica innecesaria y un daño real a un sector clave para Ibiza», ha concluido.
El PP reitera su compromiso con una regulación eficaz del alquiler turístico basada en la cooperación institucional, el respeto al marco competencial y la seguridad jurídica, e insta al Gobierno de España a rectificar su política y abrir una nueva etapa de diálogo con los territorios.