La Asociación de Viviendas Turísticas Vacacionales de Ibiza (AVAT) celebró este viernes la anulación por parte del Tribunal Supremo del registro único para arrendamientos de corta duración al considerar que el Estado carece de competencias para establecer una regulación exhaustiva de un registro nacional que «se superpone a los autonómicos existentes» en relación a las viviendas turísticas.
El presidente de la patronal, José Antonio Llano, valoró este viernes de manera positiva la resolución judicial sobre algo «que desde el primer momento se vio que se iba a tumbar puesto que obligaba a viviendas legalizadas en su día a través de los registros de cada Comunidad Autónoma a un segundo registro» creando una duplicidad innecesaria, aunque el Gobierno no tuviera competencias para ello.
«Habían aparecido viviendas totalmente legales que por diferentes circunstancias no habían podido obtener el número de registro único, considerándose ilegales cuando no lo eran», insistió Llano, quien reconoció que el sector respira algo más aliviado tras la decisión del Supremo.
«Ahora habrá que ver si las viviendas afectadas podrán reclamar al Estado indemnizaciones por los problemas causados. Existe esta posibilidad», concluyó. Llano sugirió que, además, podrían solicitarse las tasas abonadas por el registro único.
Numerosas viviendas en Ibiza se vieron perjudicadas por el paso dado desde el Gobierno central al crear ese registro único de arrendamientos. De hecho, el Consell d´Eivissa remitió el pasado mes de octubre un escrito a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, señalando los perjuicios que la medida estaba causando a numerosos propietarios en Ibiza, más de 300, según sus cálculos.
El Govern había enviado a su vez a la institución insular la carta del Ministerio recibida en septiembre solicitando inspecciones y acciones de clausura en viviendas de uso turístico que supuestamente operaban al margen de la legalidad. En este sentido, el Consell explicó que, habiendo recibido la relación de números de registro únicos revocados por el Registro de la Propiedad, se pudo comprobar que se habían revocado 326 números en la isla de Ibiza, de los que prácticamente el 90% se correspondían con viviendas inscritas en el registro insular de empresas, actividades y establecimientos turísticos.
El registro único de arrendamientos de corta duración entró en vigor el pasado 2 de enero de 2025, aunque su aplicación no se hizo obligatoria hasta el 1 de julio del mismo año.
Tras conocer la resolución, el vicepresidente insular Mariano Juan explicó en sus redes sociales que Ibiza llevaba «meses avisándolo. Meses. Desde Ibiza advertimos de que el Registro Único de alquileres de corta duración estaba mal diseñado, generaba duplicidades, inseguridad jurídica y acabaría perjudicando a quien cumple la ley. Nos ignoraron».
«Más respeto hacia quienes conocemos la realidad de Ibiza», espetó también Juan.