La asociación profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) ha solicitado formalmente a los cuatro consells insulares de Baleares y a la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares (FELIB) la habilitación de alojamientos temporales para los guardias civiles que serán destinados este verano al archipiélago.
La organización pretende anticiparse a la llegada de más de 200 agentes prevista entre finales de junio y principios de julio, coincidiendo con la temporada alta turística y con uno de los momentos de mayor presión sobre el mercado de la vivienda en las islas.
Según ha explicado el secretario provincial de JUCIL en Baleares, Tomás Quesada, la situación habitacional se ha convertido en un problema «extremadamente grave» para los efectivos destinados a la comunidad autónoma, especialmente para los jóvenes agentes que reciben su primer destino profesional.
Desde la asociación recuerdan que en años anteriores algunos guardias civiles llegaron a vivir temporalmente en caravanas o incluso en sus propios vehículos debido a la imposibilidad de acceder a una vivienda de alquiler asequible en plena temporada estival. Además, denuncian que el escaso margen de tiempo entre la adjudicación de las plazas y la incorporación efectiva a los destinos hace prácticamente inviable encontrar alojamiento en apenas unos días.
Por este motivo, JUCIL ha pedido a las instituciones baleares que colaboren con la Guardia Civil poniendo a disposición de los agentes instalaciones públicas disponibles de forma provisional hasta que finalice el verano y se reduzca la presión sobre el mercado inmobiliario.
La asociación señala además que buena parte de las vacantes que se cubrirán este año corresponden a jóvenes guardias civiles de la 130ª promoción, muchos de los cuales serán destinados de manera forzosa a Baleares.
JUCIL considera que esta problemática no solo afecta al bienestar personal de los agentes, sino también a la estabilidad de la seguridad pública en el archipiélago. Según los datos aportados por la organización, entre 2021 y 2025 llegaron a Baleares 1.092 guardias civiles, mientras que 840 abandonaron posteriormente las islas, una elevada rotación que atribuyen principalmente al elevado coste de la vida.
Además de las soluciones temporales solicitadas a las administraciones locales, la asociación reclama al Ministerio del Interior medidas estructurales para afrontar la situación, entre ellas la actualización del plus de insularidad y la declaración de Baleares como Zona de Especial Singularidad (ZES), con el objetivo de compensar económicamente las dificultades derivadas del destino en las islas.
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