La Asociación de Psicología Forense de la Administración de Justicia (APF) ha emitido un comunicado en defensa del rigor técnico y científico de la psicología forense tras las recientes informaciones difundidas sobre el funcionamiento del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Ibiza.
La entidad considera que algunas afirmaciones públicas trasladan una imagen «distorsionada» tanto de la práctica pericial psicológica como de las condiciones en las que se desarrolla este trabajo dentro de la Administración de Justicia.
En su comunicado, la APF rechaza expresamente cualquier planteamiento que pueda «normalizar o justificar» que profesionales no habilitados asuman funciones propias de la psicología forense. La asociación recuerda que las evaluaciones psicológicas forenses constituyen una actividad especializada y regulada, basada en conocimientos científicos, metodología técnica y criterios deontológicos específicos.
Según subraya la entidad, este tipo de intervenciones tienen especial trascendencia en procedimientos relacionados con violencia de género, abusos sexuales, protección de menores, capacidad jurídica o valoración del daño psíquico, ámbitos que afectan directamente a derechos fundamentales.
La asociación también muestra su preocupación por la difusión de mensajes que cuestionan la necesidad de conocimientos psicológicos especializados para elaborar determinados informes periciales. A su juicio, estas afirmaciones «deslegitiman públicamente» la labor de la psicología forense y banalizan funciones altamente técnicas cuya correcta ejecución resulta esencial para garantizar la calidad del sistema judicial.
Asimismo, la APF reconoce que existen problemas estructurales relacionados con la falta de recursos humanos, la sobrecarga asistencial y los retrasos en determinados servicios públicos, aunque insiste en que estas carencias no pueden servir para justificar fórmulas que diluyan las competencias profesionales específicas de la psicología forense.
La entidad reclama, en este sentido, una mayor dotación de profesionales especializados y el refuerzo de los equipos técnicos para garantizar una atención rigurosa y de calidad.
Por otro lado, la asociación cuestiona algunas cifras difundidas recientemente sobre el rendimiento del servicio psicológico forense en Ibiza. En concreto, rechaza las afirmaciones relativas a la supuesta emisión de «dos informes psicológicos al mes», asegurando que esos datos no coinciden con la información recogida en la Memoria Anual del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses correspondiente a 2024.
La APF advierte además de que trasladar públicamente criterios de productividad incompatibles con la complejidad de las evaluaciones psicológicas puede comprometer la calidad científica y jurídica de las periciales.