La diputada de Vox en el Parlament balear, Patricia de las Heras, acusó ayer al Govern de Marga Prohens de «criminalizar» a la náutica de recreo y a la pesca recreativa en Ibiza y Formentera tras la ampliación de la reserva marina de Es Freus en más de 2.400 hectáreas. Durante su intervención, De las Heras reprochó al Ejecutivo autonómico haber incumplido las promesas realizadas antes de las elecciones respecto al impulso del sector náutico y la regulación de la pesca submarina «en base a criterios científicos».
«La presidenta Prohens prometía un nuevo estatus para la náutica de recreo y decía basta de criminalizar a los navegantes. Eso sí, en elecciones», afirmó. También criticó que el Govern haya optado por ampliar las restricciones en la reserva marina y aseguró que se han prohibido distintas modalidades de pesca recreativa mientras se mantiene la actividad comercial extractiva en las mismas zonas.
Entre las prácticas afectadas mencionó el curricán de fondo, el jigging, el spinning, la pesca al vivo y el uso de carretes eléctricos y posicionadores dinámicos. Según defendió, las medidas adoptadas «no responden ni a criterios científicos ni a la proporcionalidad», además de denunciar la falta de participación real de los colectivos vinculados al mar.
En este sentido, sostuvo que las Pitiusas concentran ahora más superficie restringida que Mallorca. «Ibiza y Formentera tienen 21.000 hectáreas prohibidas frente a las 12.600 de Mallorca», aseguró. De las Heras también alertó de las consecuencias que tendrán estas limitaciones sobre la pesca recreativa y especialmente sobre la pesca submarina en las islas.
«La pesca recreativa forma parte de la cultura marítima pitiusa. Es una práctica social, deportiva y cultural ligada al territorio y una tradición familiar que pasa de generación en generación», señaló. La diputada afirmó que restringir estas actividades «sin diferenciar su escala e impacto respecto a otros usos supone romper una relación histórica entre la población insular y su entorno marino».
Asimismo, Vox vinculó estas políticas a lo que calificó como un «disparate climático diseñado por burócratas» y aseguró que las más de 4.000 firmas recogidas contra las restricciones han sido ignoradas.