El Consell d’Eivissa se prepara para aprobar en los próximos meses una medida para, aseguran, «tratar de aliviar la tensión habitacional de la isla». La intención es dirigirse hacia habilitar residencias específicas para trabajadores temporeros en suelo que, en principio, no tiene porque tener la condición de urbanizable. Así se expresó el vicepresidente del Consell, Mariano Juan, antes de su intervención en la tarde de este viernes en la Jornada de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
La propuesta, que se aprobará próximamente pero sin fecha concreta por ahora, se enmarca dentro del Plan de Intervenciones de Ámbitos Turísticos (PIAT) que permitirá destinar solares de uso turístico, estructuras inacabadas, establecimientos obsoletos y antiguos hostales u hoteles a la construcción o reconversión en alojamientos dotacionales para temporeros. La medida se aplicará en consenso con los ayuntamientos y, de forma excepcional, también podrá extenderse a áreas de transición, es decir, fincas rústicas colindantes con zonas urbanas.
La clave de la iniciativa, según Juan, es que no requerirá que los municipios modifiquen previamente su planeamiento urbanístico. «Se podrán utilizar solares que no están pensados ni planificados para eso», según destacó, señalando que los establecimientos turísticos obsoletos podrán reconvertirse en este tipo de equipamientos sin necesidad de esperar cambios en el planeamiento.
El objetivo es liberar vivienda residencial que actualmente está siendo ocupada por empresas para alojar a sus plantillas durante la temporada. Ibiza registra unos 30.000 contratos de fijos discontinuos al año y muchos de esos trabajadores terminan en pisos pensados para residentes permanentes, que quedan vacíos el resto del año. «Si somos capaces de crear estas residencias para temporeros en zonas turísticas podremos liberar muchos pisos que actualmente están siendo ocupados solo unos meses», destacó Juan.
El vicepresidente situó esta propuesta en el marco del problema estructural de vivienda que sufre Eivissa, que a su juicio es, ante todo, un problema de oferta. «Cada vez viene más población. No somos un país independiente; no podemos poner fronteras», apuntando que la tensión entre oferta y demanda seguirá mientras el Gobierno central no actúe en los lugares de origen ni garantice seguridad a quienes tienen viviendas vacías.
Juan recordó que el Consell no tiene competencias en materia de vivienda, pero sí ha impulsado propuestas que el Govern balear ha asumido, como los pisos de precio limitado para residentes con más de cinco o 10 años de arraigo en la isla, con precios de entre 290.000 y 400.000 euros o alquileres de entre 600 y 900 euros mensuales.
La jornada también sirvió para hacer balance de la lucha contra el intrusismo en el alquiler turístico ilegal. En lo que va de año, «el Consell ha eliminado más de 1.500 nuevos anuncios ilegales en plataformas digitales, con un sistema que ha pasado de reactivo a preventivo y casi automatizado, logrando que los anuncios fraudulentos no duren más de 24 o 48 horas y no lleguen a generar reservas», defiende el vicepresident del Consell .
Mariano Juan cifró el impacto de estas medidas en 19.000 personas menos al día durante el agosto del año pasado respecto a temporadas anteriores, pese al aumento de la ocupación hotelera y de la población. La recaudación efectiva por sanciones turísticas supera ya el millón de euros anuales.
El vicepresidente también criticó la anulación por el Tribunal Supremo del registro único turístico del Gobierno central, que a su juicio estaba perjudicando a quienes sí tenían licencia y permitiendo el acceso de operadores ilegales. Ha exigido al Ejecutivo estatal que aplique con rigor el reglamento europeo y que lo haga «con humilidad», escuchando a las administraciones con experiencia en la materia. «El Gobierno de España está incumpliendo el mandato de la UE y lo que tiene que hacer es ponerse las pilas», según concluyó.
Pero que ingenuos que sois......., os lo creéis todo.