La batalla contra las actividades turísticas ilegales da un nuevo paso en Baleares. La Mesa de Lucha contra el Intrusismo celebró ayer su segunda reunión de trabajo con el objetivo de reforzar la coordinación entre administraciones y concretar nuevas actuaciones contra prácticas irregulares vinculadas al alojamiento turístico, el transporte terrestre, el alquiler de embarcaciones y diversas actividades comerciales e industriales. Durante el encuentro, se pusieron sobre la mesa un endurecimiento de las sanciones, que en algunos casos podrán alcanzar los 500.000 euros, así como un importante refuerzo de los servicios de inspección. En el caso de Ibiza, la plantilla de inspectores ha pasado de cinco a nueve efectivos, mientras que a nivel autonómico está prevista la incorporación de otros 35 inspectores financiados a través del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).
La vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, destacó que la lucha contra el intrusismo «no es una actuación puntual», sino una estrategia permanente que pretende avanzar hacia un modelo turístico «más sostenible, ordenado y de mayor calidad». «Es imprescindible actuar con determinación contra quienes desarrollan actividades al margen de la normativa», señaló tras la reunión en la que se repasó el trabajo desarrollado por los tres grupos creados tras la constitución de la mesa. Uno de los principales ámbitos de actuación es el relacionado con el alojamiento turístico ilegal. El grupo de trabajo encargado de esta materia está coordinado por el conseller de Movilidad y Lucha contra el Intrusismo del Consell d’Eivissa, Mariano Juan, y por el director general de Turismo, Miquel Rosselló.
Ibiza, referente
Según explicó Estarellas, la experiencia acumulada por el Consell d’Eivissa durante la última década en la lucha contra el alquiler turístico ilegal se ha convertido en una «referencia» para el resto de Baleares. Destacó que la combinación de inspecciones, sanciones, campañas de prevención y herramientas tecnológicas permite incrementar la detección de viviendas turísticas sin licencia y reducir parte de la oferta irregular existente en la isla. También recordó que durante el año pasado las sanciones impuestas por actividades relacionadas con el alquiler turístico ilegal en Ibiza alcanzaron cerca de un millón de euros. Por su parte, la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, agregó que uno de los aspectos más destacados de la nueva estrategia es el endurecimiento del régimen sancionador. Destacó que las sanciones vinculadas a actividades turísticas ilegales se han incrementado un 25 % y podrán alcanzar hasta los 500.000 euros en los casos más graves.
Desde el Govern insistieron en que el objetivo de las multas no es recaudatorio sino disuasorio. Al respecto, indicaron que una sanción tiene que servir para disuadir porque si una actividad ilegal genera beneficios muy superiores a la multa, el infractor seguirá considerándola rentable. Las administraciones consideraron que las cuantías anteriores habían dejado de ser eficaces frente a determinadas actividades económicas irregulares, especialmente aquellas relacionadas con el turismo.
Por ello, la nueva normativa pretende aumentar la presión económica sobre quienes operan fuera de la legalidad. Otro de los grupos de trabajo se centra en el transporte terrestre y el alquiler de embarcaciones náuticas, uno de los sectores donde las administraciones detectan un mayor volumen de prácticas irregulares.
La directora general de Movilidad explicó que una de las prioridades es reforzar la capacidad inspectora y mejorar la detección de actividades ilegales mediante nuevas herramientas legales y tecnológicas. Entre las novedades destacó la reciente modificación de la Ley de Transporte Terrestre y Movilidad Sostenible de Baleares, aprobada la pasada semana por el Parlament. La reforma introduce definiciones más precisas sobre determinadas conductas ilegales que hasta ahora resultaban difíciles de sancionar. Uno de los ejemplos más visibles es la captación ilegal de clientes en puertos y aeropuertos. Según explicó Del Valle, la normativa identifica expresamente como captación ilegal la utilización de carteles o la búsqueda activa de pasajeros sin autorización, una práctica habitual en los accesos al aeropuerto de Ibiza.
Las nuevas sanciones por estas conductas oscilarán entre los 6.000 y los 12.000 euros. Asimismo, se refuerzan las obligaciones de contratación previa para determinados servicios de transporte discrecional, con el objetivo de evitar que vehículos sin autorización capten clientes directamente en zonas de llegada de pasajeros. Además de las modificaciones legales, las administraciones consideran fundamental reforzar la formación de los profesionales encargados de aplicar la normativa. Por este motivo, el Govern incorporará formación específica en movilidad e intrusismo dentro del Plan de Formación de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP). La iniciativa estará dirigida a policías locales, inspectores, técnicos municipales y funcionarios relacionados con las tareas de control.
El objetivo, según indicó, es unificar criterios y garantizar que todos los cuerpos implicados actúen bajo los mismos protocolos. Uno de los mensajes más repetidos durante la reunión fue la necesidad de implicar a todos los sectores económicos en la lucha contra el intrusismo. La directora general de Movilidad destacó que algunas de las investigaciones más importantes se han iniciado gracias a denuncias presentadas por profesionales que operan legalmente. Como ejemplo, citó el caso del Colegio Oficial de Guías Turísticos, cuyas denuncias permitieron abrir expedientes sancionadores por valor superior a 300.000 euros relacionados con actividades de transporte irregulares. «En la lucha contra el intrusismo estamos todos: las administraciones, las fuerzas de seguridad, las empresas y los autónomos que cumplen la normativa», señaló Del Valle.
Desde el Govern balear también defendieron que estas actuaciones forman parte de una estrategia más amplia para avanzar hacia un modelo turístico más sostenible y compatible con la calidad de vida de los residentes. Aunque reconocieron que resulta imposible erradicar completamente el intrusismo, consideraron que una combinación de normativa clara, inspección, coordinación institucional y sanciones contundentes permitirá reducir significativamente estas prácticas. El tercer grupo de trabajo coordinará la persecución de las actividades comerciales, industria y ocio ilegal, centrándose en las prácticas que generan economía sumergida, competencia desleal y sobre todo riesgos a la seguridad de las personas. La Mesa de Lucha contra el Intrusismo continuará reuniéndose durante los próximos meses para evaluar los resultados obtenidos y desarrollar nuevas medidas en los distintos sectores afectados. Mientras tanto, Ibiza se consolida como uno de los territorios donde la lucha contra la actividad ilegal se encuentra más avanzada.
Los hoteleros deberían compensar a la sociedad esta inversión millonaria para evitar el intrusismo ofreciendo alojamiento digno a sus trabajadores.