La reforma de la Administración de Justicia impulsada por el Gobierno, presentada como una herramienta para mejorar la eficiencia del servicio público, está provocando importantes problemas de funcionamiento en los juzgados de Ibiza. Así lo aseguró ayer el presidente del Tribunal de Instancia de Ibiza, Sergio González Malabia, durante el programa Bona nit Pitiüses de la Televisió d’Eivissa i Formentera (TEF), donde realizó un balance muy crítico de los primeros meses de aplicación de la nueva normativa.
La ley, cuya implantación culminó a finales del año pasado, ha supuesto una profunda reorganización de la estructura judicial. Según explicó González Malabia, el objetivo era lograr una mayor eficiencia mediante una redistribución de los recursos humanos y materiales. Sin embargo, el presidente del Tribunal de Instancia sostiene que la reforma se ha aplicado sin incorporar más personal. «Se sigue trabajando con los mismos trabajadores y las mismas manos para resolver los mismos asuntos», señaló. A su juicio, la reorganización ha cambiado la forma de trabajar, pero no ha solucionado los problemas estructurales derivados de la elevada carga de trabajo que soportan los juzgados de Ibiza.
Uno de los principales efectos de la reforma se está produciendo en la fase de tramitación de los procedimientos. González Malabia considera que se ha destinado demasiado personal a los servicios de ejecución y muy poco a la admisión y tramitación de demandas, precisamente la fase que permite que los asuntos avancen hasta llegar a juicio.
Esta situación está provocando un auténtico cuello de botella. Según denunció, existen demandas presentadas a finales de 2025 que todavía permanecen sin admitir a trámite. «Hay demandas presentadas en diciembre que siguen paradas», afirmó, explicando que algunos procedimientos están acumulando retrasos superiores a los seis meses incluso antes de comenzar formalmente su recorrido judicial.
El magistrado advirtió de que esta paralización tiene consecuencias directas sobre toda la actividad judicial. Si las demandas no avanzan en la fase inicial, tampoco llegan a celebrarse los juicios y, en consecuencia, se dictan menos sentencias. «Mis días de juicio eran miércoles y jueves, dos días completos a la semana. Ahora estoy señalando un día al mes», explicó.
La reducción de vistas judiciales supone también una caída significativa en la capacidad de resolución de los tribunales. Según indicó, durante el mismo periodo del año pasado él ya había dictado aproximadamente el doble de sentencias que en la actualidad. El problema, insistió, no responde a una disminución de la litigiosidad, sino a la incapacidad del sistema para tramitar los asuntos con la rapidez necesaria. «El ciudadano puede pensar que hay menos conflictos, pero no es así. Las demandas se presentan y se quedan en un limbo porque no hay trabajadores suficientes para hacerlas avanzar», resumió.
González Malabia también cuestionó otra de las novedades introducidas por la Ley de Eficiencia: la obligación de intentar mecanismos alternativos de solución de conflictos antes de acudir a los tribunales en determinadas materias civiles. Aunque reconoció que estos sistemas pueden resultar útiles en algunos procedimientos de familia, considera que en la mayoría de los casos se han convertido en un trámite que retrasa el acceso a la Justicia y aumenta los costes para los ciudadanos.
Como ejemplo, citó los procedimientos de desahucio, en los que los propietarios deben acreditar previamente un intento de negociación extrajudicial con inquilinos que llevan meses sin pagar la renta. A su juicio, esta exigencia no resuelve los conflictos y únicamente añade nuevos obstáculos antes de presentar una demanda.
Cada día creo menos en está gente.