El Ayuntamiento de Ibiza lleva dos semanas trabajando en el proceso para lograr desmantelar el asentamiento ilegal instalado en ses Feixes des Pratet. Un asentamiento que ha ido creciendo tras la desaparición del campamento de sa Joveria y que preocupa en el Consistorio porque se trata de una zona con un elevado riesgo de incendio.
En declaraciones a Periódico de Ibiza y Formentera, el concejal de Medio Ambiente, Jordi Grivé, explicó este viernes que ya se han tomado imágenes con dron para conocer la ubicación exacta de las tiendas de campaña y que ahora se están realizando los informes pertinentes. Con toda la documentación, el Consistorio prestará una denuncia ante el Seprona de la Guardia Civil. Además, se contactará con los propietarios de los terrenos afectados.
Grivé recordó que el Ayuntamiento cuenta con una comisión de seguimiento de los asentamientos formada por letrados de Urbanismo y técnicos de las áreas de Bienestar Social y Medio Ambiente. Esta comisión se reúne semanalmente y es la responsable de articular todo lo necesario para poner en marcha los procesos de desmantelamiento. «Ya dijimos que es un modo de vida que no queremos en la ciudad», subrayó el edil, «en sa Joveria había riesgos muy graves de incendio, por el acuífero, por plagas y porque el hospital y el helipuerto están al lado. Pero el proceso legal para acabar con esto es muy lento».
El asentamiento de sa Joveria llegó a alojar durante la pasada temporada turística a más de 400 personas. Muchas de ellas, lamentó Grivé, «estaban ahí porque querían, trabajaban y, en lugar de buscar un alquiler, preferían estar ahí para ahorrar y enviar el dinero fuera». También recordó que a pesar de que el Consistorio activó los servicios sociales para atender a las personas vulnerables, «hubo muy pocos casos a los que ayudar».
Este desalojo se inició con el aviso del Ayuntamiento a los propietarios del terreno para que lo limpiaran. Estos replicaron que no podían hacerlo porque estaba ocupado, lo que permitió a Vila solicitar el acceso judicial. «Los propietarios siempre estuvieron dispuestos a acabar con el problema», explicó Grivé. Y puso como ejemplo de ello que ha sido la propiedad la que se ha hecho cargo de la limpieza y vallado del terreno, una vez desalojado el asentamiento por parte de la Policía Nacional y la Policía Local. «Se han gastado en limpiar y vallar unos 250.000 euros», según destacó.
Proceso lento
Grivé dejó claro que desalojar un asentamiento ilegal es lento porque «el proceso tiene que ser garantista». A esto se suma que «hay que asegurarse de que, si hay gente vulnerable o necesitada viviendo ahí, los tienes que ayudar». «En sa Joveria se hizo todo de una forma muy rigurosa», según destacó, «ahora hay asentamientos muy residuales en Can Bufí, en Platja d’en Bossa y en Ses Feixes».
El edil insistió en que el Ayuntamiento no permitirá «este modo de vida en la ciudad». En ses Feixes, según afirmó, no se han marcado ningún plazo para el desalojo porque «el proceso es complicado».
Sin embargo, Grivé sí adelantó a este rotativo que los informes del Ayuntamiento subrayarán los riesgos para el medio ambiente y de incendio. «Ahora mismo es lo que más preocupa», según precisó. Y es que las tiendas ya instaladas se encuentran ubicadas en la zona más seca del humedal, donde cada año se registran varios conatos de incendio.
Jordi Grivé, finalmente, admitió que este problema es difícil porque «se mezclan muchas circunstancias». Pero también insistió en que «no es un modo de vida admisible en la ciudad». «Nosotros vamos a seguir trabajando», según concluyó, «y el asentamiento de ses Feixes se desmantelará».
Más municipios
Sant Josep es otro de los municipios afectados en estos momentos por la presencia de asentamientos ilegales. Precisamente esta semana la Policía Local ha logrado acabar con el que se había instalado en Ses Salines y que estaba formado sobre todo por caravanas. El campamento se había convertido en un foco de riesgos por la presencia de elementos como cocinas, bombonas de butano, hogueras, batearías y generadores eléctricos. En este caso, se interpusieron antes del desalojo una decena de denuncias con sanciones que pueden llegar hasta los 30.000 euros. En un mensaje publicado en sus redes sociales, la Policía Local recordó que el Ayuntamiento, gobernado por el popular Vicent Roig, ha puesto en marcha una campaña especial para este verano con el objetivo de «detectar, denunciar e impedir la presencia de caravanas fuera de los campings legalmente habilitados».
El proceso no es que sea lento, es una auténtica vergüenza, como todo lo que queda a cargo de los políticos. Dicen que ha de ser garantista; y dónde están nuestros derechos, los de la gente normal a la que nos machacan durante 30 años de nuestra vida para tener cuatro paredes donde meternos?. Pues nada, a ver si para diciembre han podido empezar a estudiar el tema, que ya habrá pasado el verano, habrá disminuido el riesgo de incendio, y se habrán marchado ya casi todos. Todo ello gracias a la diligencia del Ayuntamiento.