Una familia de Ibiza con hijos diagnosticados dentro del trastorno del espectro autista (TEA) y con grados reconocidos de dependencia han denunciado públicamente las dificultades administrativas que, aseguran, les impiden acceder a la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, conocida popularmente como tarjeta azul.
Los afectados sostienen que llevan años enfrentándose a negativas, derivaciones entre organismos y cambios constantes en los criterios de valoración, una situación que califican de «discriminación social». «Las personas con autismo también pueden acceder a las tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida», explicaron, resaltando que no significa que todas las personas con autismo tengan derecho a la tarjeta azul, sino que depende de sus necesidades.
En este caso, según agrega, toda la familia cuenta con un grado de discapacidad reconocido de al menos un 33 %. «Además, yo tengo una movilidad reducida del 10 %», apuntó. Una de las madres afectadas, residente en Sant Antoni, expuso este pasado viernes su caso en una cita en la Oficina de Atención al Ciudadano de Ibiza. A la reunión acudió acompañada por otra usuaria vinculada a una asociación de familias y personas con síndrome de Asperger, que también atraviesa problemas similares. La mujer explicó que en su hogar los cuatro miembros de la familia están diagnosticados dentro del espectro autista y que, además, ella tiene reconocidas varias discapacidades físicas.
Sus dos hijas cuentan desde hace poco con el grado dos de dependencia reconocido, pero, pese a ello, continúan sin poder acceder a la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida.
«Cada administración te manda a otra y nadie se hace responsable», denunció. Según explicó, lleva solicitando esta acreditación desde el año 2022 y ya ha recibido varias resoluciones negativas. La afectada aseguró que el viernes volvió a presentar la solicitud por cuarta vez, acompañada de nuevos informes médicos obtenidos recientemente tras acudir a una consulta especializada de genética en Palma.
Confía en que la nueva documentación permita revisar su situación, especialmente después de que, según afirmó, se hayan actualizado algunos criterios relacionados con familias con menores diagnosticados de TEA. «Han sacado una normativa nueva donde las familias con varios niños TEA deberían tener derecho a esta tarjeta en determinados casos, pero de momento nos la siguen denegando», lamentó.
Uno de los principales problemas, según relató, es que las administraciones continúan vinculando el acceso a la tarjeta exclusivamente a baremos físicos de movilidad reducida tradicionales, sin tener suficientemente en cuenta las necesidades funcionales y conductuales derivadas del autismo o la dependencia. «No entienden que aunque técnicamente mi hija pueda caminar, muchas veces no puede recorrer largas distancias. Si aparcamos a tres calles del lugar donde tenemos que ir, las últimas dos calles las tengo que hacer cargando con ella en brazos», explicó.
La madre destacó la realidad de muchas familias con menores neurodivergentes o con necesidades especiales, «cuya movilidad puede verse condicionada por crisis sensoriales, dificultades de regulación emocional o situaciones de dependencia que no siempre encajan en los criterios clásicos utilizados para valorar la movilidad reducida». A ello se suma, según denunció, una compleja burocracia que obliga a las familias a acudir constantemente a citas administrativas, revisiones y trámites. «Entre prórrogas, informes y recursos, paso tres días a la semana dando vueltas por administraciones», afirmó.
La afectada detalló que el procedimiento implica a varias instituciones. «La solicitud se tramita inicialmente a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, dependiente de la Conselleria de Asuntos Sociales del Govern balear, mientras que el IMAS participa en la valoración y posteriormente los ayuntamientos son quienes conceden finalmente la tarjeta», agregó.
En su caso, explicó que el Ayuntamiento de Sant Antoni se limita a aplicar el criterio técnico emitido por las instancias superiores. «El ayuntamiento simplemente sigue las órdenes que le dan desde los organismos que valoran el expediente», precisó. Las familias afectadas criticaron que esta fragmentación administrativa genera confusión y sensación de indefensión.
Además de las dificultades para obtener la tarjeta, también denunciaron la falta de plazas reservadas para personas con discapacidad en determinados barrios de Ibiza.
Las afectadas insistieron en que no se trata de casos aislados y aseguraron conocer a más familias en Ibiza que atraviesan situaciones similares. Por ello, reclamaron una revisión de los criterios de acceso a la tarjeta azul y una mayor coordinación entre administraciones para evitar que personas con necesidades reconocidas «queden excluidas de recursos básicos para su autonomía diaria».
La gente cada vez es mas 1mb3c1l y egoísta. Está lleno de tarjetas de aparcamiento PMR y prácticamente casi nunca ves que la persona que se baja del vehículo con dicha tarjeta tenga graves problemas de movilidad. Por culpa de tanto egoísta luego las personas que de verdad si tienen graves problemas de movilidad no encuentran donde poder aparcar con el espacio suficiente para poder abrir la puerta del todo y poder montar o desmontar la silla de ruedas. Put@ ac@ de sociedad cada día más egoísta e 1mb3cil.