Operación ‘Alto impacto Zulú Bravo’ de la Guardia Civil en Ibiza

Ibiza tendrá cubierta al 100% su plantilla de Guardia Civil en materia de Seguridad Ciudadana por primera vez en tantos años que ni el Delegado de Gobierno en las Islas Baleares, Alfonso Rodríguez, ni el General de la Guardia Civil, Alejandro Hernández, recuerdan la última ocasión que esto sucedió. Al menos así lo ha explicado el propio Delegado de Gobierno en el marco de la presentación de una nueva edición de la «Operación Alto Impacto Zulú Bravo». Estos son los refuerzos de la Guardia Civil que estarán operativos durante cuatro meses y medio, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los destinos a zonas turísticas de estos refuerzos, donde son efectivos únicamente en los meses de julio y agosto.

Más allá de estos refuerzos estivales, que aunque no se hayan querido ofrecer datos exactos se cifran en «ligeramente por encima» de los agentes incorporados el pasado año, se ha querido poner en valor las nuevas incorporaciones que han permitido llegar al 100% del catálogo, pese a tener en cuenta que este catálogo se ha incrementado en los últimos años.

De esta manera, el Delegado del Gobierno ha cifrado en cien los nuevos guardias civiles que se incorporan a Ibiza y Formentera este año: 70 procedentes de los concursos de traslado, con plaza fija en la isla, y 30 alumnos en prácticas que permanecerán destinados durante todo el año, hasta su promoción como guardias efectivos el próximo junio. Según el general Hernández, de los 70 agentes con destino fijo, una parte ha llegado de forma voluntaria, con un compromiso de permanencia de dos años, y otra de forma forzosa, con la obligación de permanecer al menos uno.

Ese incremento es, según Rodríguez Badal, permite cubrir la seguridad ciudadana en los puestos principales de la isla: Sant Antoni, Santa Eulària, Sant Josep de sa Talaia, y el puesto auxiliar de Sant Joan -el municipio de Vila corresponde a Policía Nacional-. El general Hernández ha precisado que esa cobertura total se refiere exclusivamente a las unidades que patrullan a diario, y no incluye especialidades como el servicio cinológico o las actividades subacuáticas, pendientes de una convocatoria de vacantes que se resolverá a lo largo del año.

Las plantillas en materia de seguridad ciudadana no se han completado al 100% en este caso con motivo de que, las dificultades para conseguir una vivienda en la menor de las Pitiusas «es todavía mayor» respecto a Ibiza.

El reto de la vivienda

De cara a lo más inmediato buena parte de los refuerzos de este verano seguirá alojándose en habitaciones de hotel, que la Delegación del Gobierno negocia cada año con el sector hotelero. Según el Delegado, se trabaja con algunos empresarios para ajustar las dietas a las condiciones reales de alojamiento en la isla durante la temporada de refuerzo.

El delegado ha agradecido también la colaboración de los dos consells insulares y de los ayuntamientos de Ibiza y Formentera, que han cedido solares y viviendas propias para facilitar el alojamiento de los agentes recién llegados.

Sin embargo, para que esta situación se convierta en tónica dominante de cara al futuro, se han abordado los principales proyectos en materia de vivienda para las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. Rodríguez Badal ha anunciado que el Ministerio del Interior ha declarado como infraestructura prioritaria la construcción de viviendas para Policía Nacional en Vila y para Guardia Civil en Santa Gertrudis, en el término de Santa Eulària, con una inversión inicial prevista superior a los 33 millones de euros para ambos proyectos.

El calendario contempla, durante este año, la licitación de la redacción de los proyectos. Una vez adjudicada y redactada, se licitará la ejecución de las obras, un trámite que, según el delegado, suele prolongarse entre cinco y seis meses por las garantías propias del proceso de contratación pública. El plazo de construcción no podrá fijarse hasta entonces. Rodríguez Badal ha estimado un mínimo de dos o tres años para la entrega de las viviendas.

Además, ha citado las 12 viviendas que el Consell de Ibiza pondrá a disposición de la Guardia Civil en unas instalaciones que está terminando en Sa Coma, destinadas al nuevo dispositivo marítimo de la Benemérita. Ese servicio marítimo contará con 12 efectivos cuyos puestos de trabajo ya están en proceso de redacción, pero que no podrán incorporarse hasta que las viviendas estén terminadas. Unas viviendas que, sin embargo, no estarán disponibles para esta misma temporada, por lo que las necesidades del servicio marítimo en Ibiza y Formentera quedarán cubiertas, como el año pasado, con la dotación actual reforzada desde Mallorca y con el apoyo de Salvamento Marítimo.

Presión migratoria

Rodríguez Badal también se ha referido a la evolución de las llegadas de migrantes a las islas. Según los datos que maneja la Delegación del Gobierno, las cifras de este año en Baleares se sitúan ligeramente por debajo de las del año pasado, aunque ha precisado que las aguas de Formentera son la única zona del archipiélago donde las llegadas siguen creciendo.

Las palabras del delegado llegan después de que el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, alertara el miércoles del aumento de menores migrantes no acompañados que llega a la isla, tras la llegada el martes de una embarcación con 13 menores a bordo. Portas reclamó entonces una mayor implicación del Gobierno central, al considerar que la situación supera desde hace tiempo la capacidad de respuesta de la institución insular, encargada por ley de asumir la tutela de estos menores.

Según los datos aportados por Portas, el Consell tenía bajo tutela 156 menores migrantes hace aproximadamente un mes, en el momento de la Conferencia de Presidentes; la cifra ha ascendido ya a 182. El Consell, según explicó, mantiene contacto permanente con el Govern balear para buscar el traslado y la acogida de menores fuera de la isla.

El delegado ha respondido así a las declaraciones del presidente del Consell de Formentera, que días atrás denunció que la Delegación del Gobierno no había contestado a una petición de ayuda puntual para acoger durante una noche a varios menores recién llegados. Rodríguez Badal ha mostrado su «asombro» ante tales declaraciones y ha sostenido que la atención a menores es una responsabilidad que corresponde al Consell desde hace años.

El delegado ha explicado que mantuvo contacto directo con la vicepresidenta del Govern, con la consellera insular y con la directora insular de Formentera para aclarar la situación. Según ha detallado, la instalación del puerto de la Savina es un espacio pequeño de custodia policial, donde la Guardia Civil retiene a los migrantes hasta que, ya en el puerto de Ibiza, la Policía Nacional tramita su expediente administrativo y quedan en situación irregular pero en libertad. Esa instalación, ha precisado, no reúne las condiciones adecuadas para acoger a menores, motivo por el que aquella noche fueron trasladados.

Rodríguez Badal ha añadido que, además de esa explicación, se ofreció al Consell de Formentera la posibilidad de trasladar a los menores que requirieran una prueba de determinación de edad a una carpa habilitada en el puerto de Ibiza, atendida por Cruz Roja, donde la Delegación del Gobierno ofrece cobijo de manera extraordinaria y puntual pese a no ser competencia estatal. Según el delegado, esta segunda oferta no fue mencionada por el presidente del Consell de Formentera.