Al grito de «mismo servicio público, mismas condiciones», unos cuarenta trabajadores de los seis centros concertados de Ibiza se manifestaron este viernes por la mañana frente a la subdelegación del Gobierno en Ibiza —la Casa del Mar—. Lo hicieron para protestar contra la exclusión del profesorado concertado de las medidas de reducción de la carga lectiva recogidas en el proyecto de ley de modificación de la LOE.
La movilización, convocada por el Sindicato Independiente de Enseñanza de Eivissa i Formentera (SIE), integrado en la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), se inscribe en una campaña nacional de concentraciones semanales que se celebran cada viernes en las capitales de provincia mientras el proyecto de ley tramita en el Congreso. La enseñanza concertada en las Pitiusas escolariza a más de 3.300 alumnos en Ibiza y unos 175 en Formentera, y da empleo a más de 600 docentes y un centenar de trabajadores de servicios complementarios y personal de administración y servicios generales, reivindican.
Foto: Roberto Rossi
José Antonio Jiménez, secretario general de FSIE y vicesecretario del Sindicato Independiente de Enseñanza, ha explicado que los motivos de protesta de los trabajadores de la concertada tiene que ver con que los maestros de infantil y primaria de los centros públicos pasarían a impartir 21 horas lectivas semanales, mientras que los de concertada continuarían con las 25 horas que fija el convenio colectivo nacional. La desigualdad es aún mayor en secundaria: los docentes públicos quedarían en 18 horas frente a las 25 de los concertados. Jiménez ha advertido de que esta brecha podría provocar una migración de profesionales hacia la pública, con el consiguiente riesgo para la viabilidad de los centros concertados.
El sindicato rechaza el argumento ministerial de que este conflicto debe resolverse en la mesa de negociación colectiva. FSIE sostiene que la carga lectiva es una cuestión de ordenación general del sistema educativo y de financiación pública, y que las mesas de negociación carecen de competencia para modificar los módulos económicos de los conciertos o aprobar presupuestos.
Las reivindicaciones van más allá de la jornada lectiva. El proyecto de ley también dejaría fuera a los centros concertados de la reducción de la ratio de alumnos por aula, lo que afectaría a la calidad de la atención al alumnado. FSIE ha denunciado asimismo el impacto sobre el Personal de Administración y Servicios (PAS) —limpieza, cocina y personal auxiliar—, un colectivo que considera «sistemáticamente olvidado» y cuya financiación depende de las dotaciones públicas que reciben los centros.
Los conciertos educativos se iniciaron ante la universalización de la enseñanza debido a la falta de centros públicos que acogieran dicha universalización. A día de hoy no deberían tener sentido ya que ha pasado mucho tiempo y se podrían haber hecho las infraestruturas necesarias. Además, en muchos lugares, estamos asistiendo al cierre de plazas públicas y al aumento de plazas concertadas lo que sí que resulta un disparate (si hay espacio en los centros públicos no se deberían concertar plazas). Por último, si se quieren las mismas condiciones se debería acceder al puesto de trabajo de igual forma: oposición o lista de interinos por méritos acumulados y no porque te contrate el titular sin tener que pasar ningún tipo de baremo.