«La protección de menores tiene prioridad sobre cualquier otra competencia»

La masiva llegada de inmigrantes a nuestras costas tensiona desde hace años el servicio de Menores del Consell d’Eivissa, que acoge a más de 200 niños, la mitad de ellos llegados en pateras. Un problema que preocupa a la consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell Ferrer (Ibiza, 1967), que tiene entre ceja y ceja adjudicar el proyecto Barnahus antes de que acabe la legislatura.

—¿El Consell de Ibiza está al día con los pagos a las entidades del tercer sector?

—Casi, casi. Estamos obligados a atender lo urgente porque la ley nos obliga y, por supuesto, también por humanidad. Y, en ocasiones, se nos queda un poco atascado lo que realmente es importante. En cuanto a los pagos a las entidades, durante estos últimos días se ha abonado cerca de un millón de euros. Aún nos queda una parte que tiene que pasar por el pleno y el resto lo tenemos encauzado. Ha sido una situación circunstancial, precisamente por la saturación que hemos tenido. Porque cuando llegan varios menores y tienes que realizar todos los trámites administrativos necesarios, la gente piensa que, si llega un menor y entra en un centro, ya está solucionado. Pero no es así.

—¿Se han utilizado para Menores los fondos que estaban previstos para otras actuaciones?

—Sí y no. Han sido dos cuestiones diferentes. Por un lado, es cierto que la gestión de Menores tiene prioridad presupuestaria por ley. Es decir, si tienes un presupuesto destinado a una cosa y debes atender la competencia de protección de menores, sea cual sea el motivo de la llegada —tanto si es por el circuito habitual como si es por inmigración—, estás obligado a atenderlos. La ley establece que esa competencia tiene prioridad presupuestaria sobre cualquier otra, no solo dentro de Servicios Sociales, sino dentro de cualquier área del Consell. Pero también es un problema de recursos humanos. Cuando tienes que gestionar una llegada masiva de menores y, en cuestión de días o semanas, realizar una enorme cantidad de trámites administrativos, inevitablemente el personal que debería dedicarse a otras tareas tiene que centrarse en esta situación. Además, en el ámbito de las entidades del tercer sector, especialmente en discapacidad, estamos en un momento importante de transición: estamos pasando de la concertación de urgencia —que se renovaba año a año— a una concertación estable de cuatro años. Todo ello ha supuesto una importante sobrecarga de trabajo para los servicios administrativos de Discapacidad y de Servicios Sociales, pero permitirá consolidar definitivamente estos conciertos durante cuatro años. La mayor parte ya está solucionada y ahora tenemos como prioridad absoluta terminar de regularizar lo que queda. Una vez esté todo estructurado, funcionará prácticamente por sí solo. Pero el paso que estamos dando es muy importante: pasar de conciertos de urgencia a una concertación estructural de cuatro años.

—En 2023 se aprobó definitivamente la Cartera de Servicios Sociales. ¿Cómo está funcionando? ¿Está previsto ampliar los servicios que incluye esa cartera?

—Las carteras de servicios tienen una vigencia de cuatro años. La actual sigue plenamente vigente y todavía quedan muchas actuaciones por desarrollar. Hay que tener en cuenta que la cartera de servicios no se limita únicamente al ámbito de la discapacidad. En discapacidad contempla viviendas supervisadas, centros de día, centros ocupacionales y el servicio de promoción de la autonomía personal. Estos son precisamente los servicios que ya están pasando a la concertación ordinaria de cuatro años y esperamos que todos estén plenamente implantados antes de que termine el año. Pero la cartera también incluye todos los servicios de infancia, los servicios dirigidos a las mujeres y muchos otros recursos sociales. De hecho, ya estamos apostando también por la concertación social en todos los centros de menores. Además, hemos querido reconocer el complemento de residencia previsto en el convenio colectivo de los trabajadores de los centros concertados de menores. Era un complemento que figuraba en el convenio, pero nunca se había cuantificado y, por tanto, nunca se había pagado. También nos queda concertar algunos servicios dirigidos a las mujeres. Inicialmente deberán licitarse mediante contrato, como ocurre con los centros de crisis, pero la intención es que más adelante puedan incorporarse igualmente al sistema de concertación social. La cartera de servicios todavía tiene mucho recorrido por delante.

—Pasemos al servicio de Menores. ¿Cuántos menores tutela actualmente el Consell, tanto del circuito ordinario como del migratorio?

—Ahora mismo tenemos un total de 206 menores. De esos 206, un total de 101 pertenecen al circuito migratorio. En cuanto al sistema ordinario de protección, tenemos 58 menores en acogimiento residencial y otros 47 en acogimiento familiar. Estamos hablando de 101 menores migrantes frente a 58 menores del sistema ordinario en acogimiento residencial. Se trata de una contingencia imposible de prever. Recuerdo que durante los primeros años de la anterior legislatura llegaba una patera y venían uno o dos menores. Ahora, solo este fin de semana, en una única embarcación han llegado seis menores. Y si hablas con Formentera, en un solo fin de semana habían llegado 21. ¿Cómo gestionas una situación así? No sabes en qué condiciones llegarán, no sabes cuál es su nacionalidad, qué idioma hablan ni cuál es su estado de salud. Incluso llegan menores con discapacidad y perfiles muy complejos. Cuando llegan, tienes que realizar todas las valoraciones, analizar cada caso individualmente. Con estos chicos no hay informes previos, no hay valoraciones, no hay conocimiento de la situación. Se empieza completamente desde cero. Y eso genera una enorme tensión dentro del servicio. Habría que hacerles un monumento a los profesionales porque están trabajando bajo una presión enorme y con una profesionalidad exquisita.

—De esos 206 menores, ¿cuántos están en Ibiza y cuántos fuera de la isla?

—La inmensa mayoría están en Ibiza. Fuera de la isla tenemos seis menores se encuentran en centros especializados fuera de Ibiza. Hace algunos años conseguimos reducir mucho esta cifra cuando abrimos el primer centro de conducta en Ibiza. A partir de ahí intentamos crear recursos cada vez más especializados. El problema es que, cuando hablamos de centros muy especializados, hace falta un número mínimo de usuarios para que las entidades sociales se animen a ponerlos en marcha. Lo intentamos en dos ocasiones, pero finalmente vimos que no era viable en las circunstancias actuales. Aun así, el centro de conducta ha evitado que muchos menores tengan que desplazarse a la Península. Actualmente está gestionado por una entidad social del tercer sector y está funcionando bien. Además de evitar desplazamientos, humaniza la atención porque impide que los niños se alejen de sus familias y de su entorno, algo especialmente importante en situaciones tan delicadas.

—Siempre han defendido que los menores están mejor con sus familias. ¿Qué ocurre con las repatriaciones de menores extranjeros?

—Las repatriaciones son extremadamente complejas porque implican relaciones internacionales. Hay países con los que existe una relación diplomática fluida y protocolos establecidos. En algunos casos, especialmente cuando hablamos de menores de nacionalidad europea, se han podido organizar retornos con familiares como abuelos o tíos. Pero existen otros países, como por ejemplo Argelia, donde la relación diplomática es prácticamente inexistente, las fronteras están cerradas y la comunicación con los consulados resulta extremadamente difícil. No significa que no lo intentemos. Siempre hemos defendido que los menores deben estar con sus padres y mantenemos una buena coordinación con la Policía Nacional y con las unidades especializadas que gestionan estos procedimientos. Pero en determinados países la repatriación es prácticamente ciencia ficción. Y no porque no se conozca quiénes son los padres. El problema es que los menores llegan a través de mafias, no existen protocolos de colaboración efectivos, no hay convenios operativos con los países de origen y las posibilidades reales de retorno son mínimas. Incluso se han dado casos en los que los propios padres han viajado con los menores, los han dejado en dependencias policiales y han regresado después a su país sabiendo que la repatriación será prácticamente imposible. Hacemos lo que podemos con las competencias que tenemos.

—¿Cuánto calcula que costará este año el servicio de menores en su conjunto?

—Hemos tenido que realizar dos modificaciones presupuestarias importantes. Partíamos de un presupuesto aproximado de 10 millones de euros y, a día de hoy, la previsión ya alcanza los 17 millones. Cómo terminaremos el año lo sabremos en diciembre, pero la preocupación es muy grande.

—¿Se han planteado pedir ayuda económica al Govern balear?

—Sí, por supuesto. Pero hay que entender una cosa: puedes pedir al Govern balear que colabore en las competencias ordinarias, pero este es un fenómeno migratorio. Quien realmente debería asumir esta situación es el Estado. Se han enviado cartas a los ministerios, comunicaciones a la Delegación del Gobierno y durante estos años se han impulsado numerosas iniciativas tanto en el Parlament como en el Consell para reclamar más recursos económicos y más personal. Al final, quien debe afrontar esta realidad es quien tiene las competencias para hacerlo.

—¿Mantiene contacto habitual con la delegada del Gobierno, Raquel Guasch, para tratar estas cuestiones?

—Hace bastante tiempo le solicité por escrito varias cuestiones y todavía sigo esperando respuesta. Digamos que la relación es... la dejaremos en políticamente correcta, pero poco más. También quiero recordar que hemos solicitado reuniones con el Ministerio. Si no recuerdo mal, con motivo de una Conferencia de Presidentes mantuvimos una reunión en Mallorca con el secretario de Estado de Infancia y con el delegado del Gobierno. Sinceramente, la sensación fue que poco menos que se nos acusaba de ser inhumanos.

—Quería preguntarle por las familias de acogida. ¿Cuántas hay actualmente en Ibiza? ¿Ha aumentado el número con la llegada de más menores?

—En este momento contamos con 34 familias que tienen menores acogidos. Existen dos modalidades de acogimiento: el acogimiento en familia extensa —abuelos, tíos, primos u otros familiares— y el acogimiento en familias ajenas. La inmensa mayoría de los acogimientos se realizan dentro del entorno familiar. La figura de la familia acogedora no es sencilla. Normalmente se acoge a niños pequeños. Es muy poco habitual que una familia acoja a adolescentes de 14 o 15 años. Además, el perfil de una familia acogedora es muy específico. Cuando adoptas a un niño, pasa a formar parte definitivamente de tu familia y construyes un proyecto de vida con él. Sin embargo, una familia acogedora debe estar preparada no solo para recibir al menor, sino también para dejarlo marchar cuando llegue el momento.

—¿Hacen falta más familias de acogida?

—Sin duda. Tenemos 58 menores del circuito ordinario en centros residenciales y, si añadimos los aproximadamente 100 del circuito migratorio, hablamos de unos 150 menores viviendo en centros. Sería muy positivo disponer de muchas más familias de acogida, especialmente para los niños pequeños. En cualquier caso, también hemos puesto en marcha distintas medidas para humanizar la atención. Por primera vez, y de esto estamos especialmente satisfechos, hemos creado una unidad vertical. ¿Qué significa eso? Se trata de un piso destinado a hermanos. Por primera vez podemos decir que en Ibiza ya no es necesario separar a los hermanos por razón de edad. Además, recientemente hemos ampliado la atención para menores de entre 0 y 11 años con un segundo centro, concebido como una vivienda con pocas plazas para reproducir, en la medida de lo posible, un auténtico entorno familiar.

—¿Cómo se encuentra actualmente la plantilla de la Residencia de Cas Serres?

—Ahora mismo no dispongo de las cifras exactas. Sí sé que durante esta legislatura se ha realizado un esfuerzo muy importante para estabilizar la plantilla estructural. Siempre existen algunas vacantes, pero no porque no se intenten cubrir, sino porque, cuando se convocan bolsas de trabajo o procesos selectivos, simplemente no hay profesionales disponibles. Hace años que vengo diciendo que existe una carencia estructural de personal asistencial. Faltan médicos, enfermeras, trabajadores sociales, auxiliares, psicólogos… Al final, las distintas administraciones y también las entidades del tercer sector terminamos compitiendo entre nosotros por los mismos profesionales. En todas las reuniones que mantenemos con entidades sociales nos trasladan exactamente el mismo problema: la enorme dificultad para contratar personal. Ese será, sin duda, uno de los grandes retos del futuro y condicionará enormemente el funcionamiento de todo el sistema.

—Durante esta legislatura se han concertado más plazas en residencias privadas. ¿Ese es el camino o todavía hay margen para aumentar las plazas públicas?

—Los problemas importantes no tienen una única solución. Debemos avanzar hacia un modelo más diversificado y más humano. Eso significa apostar por viviendas tuteladas, centros de día, reforzar la atención domiciliaria de alta intensidad y desarrollar una teleasistencia más avanzada. Quiero agradecer especialmente al Govern balear que recogiera nuestra propuesta de empezar a trabajar seriamente en el modelo de viviendas tuteladas. Hace unos meses se presentó en Sant Josep un plan de infraestructuras que contempla un centro de día y dos unidades de vivienda tutelada para diez personas cada una. En Sant Joan también está prevista otra unidad de diez plazas. Personalmente creo que debemos crecer territorialmente mediante recursos más pequeños, más humanos y más próximos al lugar donde viven las personas. Las macroresidencias acaban deshumanizando la atención y deben reservarse para quienes realmente necesitan una atención asistencial o sanitaria intensiva, con médicos, enfermeras y personal especializado. Necesitamos una red potente de centros de día y de centros de respiro familiar. Si existen buenos centros de día, con personal suficiente, actividades terapéuticas, ocio, comedor y atención especializada, muchas personas mayores podrán pasar el día allí y regresar por la noche a sus hogares. La mayoría de las familias no quiere ingresar a un ser querido en una residencia; lo que desean es que pueda seguir viviendo en su casa el mayor tiempo posible. El problema aparece cuando todos trabajan y resulta muy difícil encontrar cuidadores. Por eso también son tan importantes los llamados centros de respiro. Si una familia quiere ausentarse unos días por vacaciones o para asistir a un acontecimiento familiar, debería poder contar con un recurso donde su familiar estuviera bien atendido durante ese tiempo. Ese es el modelo europeo y creo que debemos avanzar en esa dirección.

—Usted mantiene mucho contacto con las personas mayores de la isla. ¿Qué es lo que más le piden?

—Principalmente nos piden actividades. Tengo una relación muy estrecha con prácticamente todos los clubes de mayores y realizan una labor extraordinaria. Hay muchas personas que, si no fuera por ellos, apenas saldrían de casa. Lo que nos solicitan es apoyo para organizar sus actividades, y eso es precisamente lo que intentamos ofrecerles. Existe cierta tendencia a tratar a las personas mayores como si fueran niños, y eso es un error. Son personas adultas, con una trayectoria vital y plenamente capaces de decidir qué quieren hacer. Nosotros escuchamos sus propuestas y, siempre que está en nuestra mano, tratamos de hacer realidad aquello que nos plantean. El Festival de Mayores nació precisamente de una iniciativa de los propios clubes.

—¿Cómo está funcionando este periodo de cogestión de las resdidencas con el Govern? ¿Cree que el traspaso podría completarse antes de finalizar la legislatura?

—Siempre soy muy prudente cuando se trata de fijar fechas. Prefiero no generar expectativas que luego puedan no cumplirse. Lo importante es que el servicio está funcionando. Por una parte continúa el trabajo administrativo para preparar el futuro traspaso y, además, existe una buena sintonía con el Govern porque por primera vez se está trabajando conjuntamente. No se trata simplemente de decirnos: «Aquí tienen las residencias y 14 millones de euros; arréglenselas ustedes», como ocurrió en el pasado, motivo por el que entonces rechazamos asumirlas. Ahora nos sentamos, analizamos la situación y trabajamos conjuntamente. Se ha reconocido que hace falta una estructura administrativa potente en Ibiza para gestionar correctamente las residencias. Y también se ha reconocido que existía una diferencia salarial muy importante entre el personal del Hospital Residencia Cas Serres y el de la Fundación. Durante este tiempo se ha negociado un nuevo convenio colectivo que incluye incrementos salariales importantes y el reconocimiento de complementos por puestos de difícil cobertura. Si el Consell hubiera asumido directamente la gestión antes de resolver todas esas cuestiones, el coste económico habría sido enorme. Podría haber supuesto un grave problema financiero para la institución e incluso repetir situaciones que ya vivimos en el pasado con el Consorcio. Eso es precisamente lo que queremos evitar. Mientras se prepara un traspaso justo y suficientemente financiado para la ciudadanía de Ibiza, la atención a los usuarios continúa garantizada.

—¿Qué le queda por hacer a menos de un año de que finalice la legislatura?

—Consolidar la concertación, sobre todo de discapacidad, para que quede estructurada en cuatro años. Sí que tengo una especial ilusión con el proyecto Barnahus, que es la unidad de abusos infantiles. Tiene que ser una unidad que se centre en los derechos de los niños. Se está haciendo un trabajo espectacular, se está diseñando el proyecto con todas las entidades involucradas y ojalá lo tengamos contratado antes de que acabe la legislatura.