Entidades como la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) y el sindicato Justicia Policial (JUPOL) consideran que la actualización del plus de insularidad es «un parche insuficiente» y «una nueva oportunidad perdida para acabar con el déficit crónico de las plantillas». Al mismo tiempo, reiteran que «se trata de una solución errónea que no resuelve el grave problema de fondo» existente en las islas.
Ambos colectivos insisten en que el incremento del plus «es la prueba evidente y el reconocimiento oficial del escenario de emergencia que llevan años denunciando». Sin embargo, lo consideran «insuficiente» y, además, puede trasladar las dificultades que atraviesan las plantillas de las Pitiusas a la isla de Mallorca, donde se padecerá la misma falta de agentes.
Las organizaciones afirman que las condiciones económicas que actualmente se registran en Baleares obligan a que la actualización cuente con un modelo propio que contenga unas cantidades más próximas a las percibidas en Ceuta y Melilla. Así, tanto JUCIL como JUPOL manifiestan que Canarias ya no constituye un marco de comparación válido puesto que su plus de insularidad se sufraga en gran medida con fondos europeos a diferencia de en Baleares, donde el plus depende exclusivamente de los presupuestos estatales.
Para las entidades, el problema de la actualización del plus no puede escudarse en motivos económicos, máxime cuando el archipiélago es el tercer aportador financiero al Estado.
Otra de las críticas que JUPOL y JUCIL plantean respecto al acuerdo sobre la insularidad es la diferencia económica establecida en función de los distintos niveles de la Administración. Ambas organizaciones consideran que el complemento tiene como finalidad compensar la insularidad y así, rechazan las diferencias entre los diferentes niveles de la Administración ya que el encarecimiento de la vivienda, los bienes y los servicios afecta por igual a todos los agentes, con independencia de la escala, el empleo o el nivel funcionarial al que pertenezcan.
«Baleares se ha convertido en un territorio que los guardias civiles y policías nacionales rechazan activamente debido al castigo económico que les supone. La consecuencia directa es que, año tras año, las islas sufren la huida constante de aquellos agentes que han sido enviados de manera forzosa o en prácticas, que abandonan el archipiélago en cuanto tienen la más mínima oportunidad de solicitar un nuevo destino», manifiestan.
Desde Jucil, Tomás Quesada asegura que el acuerdo «es una nueva muestra de la falta de voluntad del Gobierno para solventar los problemas de la Guardia Civil en Baleares».
Desde CSIF Pitiusas, Juan Nieto valora de manera positiva el acuerdo al ser «un primer paso de una reclamación histórica», aunque cree que «es muy mejorable». En concreto, Nieto defiende que, independientemente del grupo profesional de cada empleado público, el plus debe abonarse con carácter lineal para que todos los funcionarios perciban la misma cantidad.
Además, CSIF reclama que en la indemnización sea reconocida la antigüedad y los trienios sean valorados, un punto que queda pendiente de negociar.
CEP
Muy crítica es la Confederación Española de Policía en Baleares (CEP) que expresa su «absoluto rechazo» a las cantidades que se han planteado para actualizar el complemento de insularidad de los empleados públicos estatales destinados en la Comunidad. Según creen, «la respuesta que se pretende dar es una cantidad ridícula, alejada por completo de la realidad social y económica de nuestras islas».
«Esta propuesta no compensa la vida en Baleares. No compensa el precio de la vivienda. No compensa el coste de la cesta de la compra. No compensa los desplazamientos. No compensa la dificultad de formar una familia aquí y desde luego, no sirve para fijar plantillas ni para garantizar unos servicios públicos de calidad. Queremos que los ciudadanos lo entiendan bien; esto no va sólo de lo que cobra un policía, un guardia civil, un funcionario de prisiones, un trabajador de Justicia o cualquier otro empleado público estatal. Esto va de si las Baleares pueden y se merecen tener unos servicios públicos dignos, plantillas cubiertas y profesionales arraigados en las islas», insisten desde el CEP.
La Asociación Española de Guardias Civiles AEGC lamenta también que el nuevo plus de insularidad planteado por el Gobierno para los funcionarios estatales «no sirve para fijar plantillas, ni garantiza unos servicios públicos de calidad». La entidad también expresa su «absoluto rechazo» a las cantidades planteadas para actualizar el complemento de insularidad de los empleados públicos estatales destinados en Baleares.
Desde el Sindicato Médico en Baleares (SIMEBAL) recuerdan que, aunque ellos formaron parte de la plataforma Unisep que exigía el incremento del plus, a los sanitarios no les afecta el acuerdo del Gobierno central. Sin embargo, su presidente Miguel Lázaro aprovecha para destacar que el acuerdo «podría haber sido muchísimo mejor» para los funcionarios que van a percibir el incremento.
«Ahora nuestro modelo de referencia es Ceuta y Melilla. Es un acuerdo que se queda muy corto si hablamos de las aspiraciones que planteaba Unisep», concluye.
,,,el tema, es que a un español, hace años que no l@s compras con 100 euros...