El Ib-Salut no tiene previsto reforzar la seguridad en los centros de salud de Ibiza

Tras la agresión sufrida días atrás por una médica en el centro de salud de Sant Antoni, David Fernández, delegado de Simebal, y Carmen Ortiz, coordinadora de prevención de riesgos laborales de Satse Baleares, comparecieron públicamente ante los medios de comunicación para reclamar a IbSalut una batería de medidas que, según recuerdan, llevan años pidiendo sin respuesta. Dichas reclamaciones son, en su mayoría, relacionadas con la seguridad de los facultativos.

Ortiz explicó que las agresiones se concentran en los servicios de mayor tensión asistencial (urgencias, el centro de salud de Vila, el de Sant Antoni y el hospital) y reclamó que la vigilancia se refuerce en esos puntos antes de que se produzca «una desgracia mayor». La representante de Satse denunció además que la cobertura actual es desigual entre municipios y que el refuerzo previsto en Sant Antoni tiene fecha de caducidad, por lo que, a su juicio, la vigilancia debería ser permanente durante todo el año en todos los centros de salud, y no limitarse a la temporada alta turística.

Estas cuestiones han sido trasladadas por Periódico de Ibiza y Formentera a la Conselleria balear de Salud del Govern. En su respuesta, IbSalut asegura que este año la gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef) ha aumentado la seguridad presencial en los tres SUAP de la isla, aunque «mantiene la lógica estacional» que los sindicatos cuestionan. En los de Vila y Sant Antoni, explican, la vigilancia es de 12 horas nocturnas los siete días de la semana en mayo, junio, septiembre y octubre, y pasa a ser de 24 horas los siete días durante julio y agosto. En el SUAP de Santa Eulària, la vigilancia se mantiene en 12 horas diurnas desde mayo hasta el 31 de octubre, una franja distinta a la de Vila y Sant Antoni que responde, según el organismo, a la menor vida nocturna de la zona. IbSalut no descarta estudiar un aumento adicional de la seguridad, aunque de momento el foco de este refuerzo se mantiene centrado en los meses de verano, sin el compromiso de permanencia anual que reclaman los sindicatos.

En este punto coinciden ambas partes: tanto los sindicatos como IbSalut insisten en la importancia de denunciar a los agresores. El Servicio de Salud asegura que el 33% de los agresores son reincidentes. Para facilitar ese registro, desde 2024 está en funcionamiento la aplicación NIRA, que permite notificar y registrar las agresiones de usuarios hacia todos los profesionales del sistema sanitario público balear.
Fernández, por su parte, recordó que los profesionales sanitarios tienen la consideración de autoridad a efectos penales, por lo que agredirlos está tipificado como delito y puede acarrear penas de hasta dos años de cárcel, y reclamó a IbSalut campañas informativas que difundan esta circunstancia entre los pacientes.

Simebal pide además que se reconozca legalmente a las profesiones sanitarias como profesiones de riesgo, un trámite de ámbito estatal pendiente desde la pandemia. En su respuesta a este periódico, IbSalut no se pronuncia sobre ese reconocimiento como profesión de riesgo y centra su respaldo en otro tipo de apoyo: asistencia sanitaria y soporte jurídico y psicológico al profesional afectado siempre que se produce una agresión, y en el caso de Sant Antoni, contacto directo de la gerencia del Asef con la profesional agredida para ofrecerle «todo el apoyo necesario».

A ese respaldo se suman, según detalla IbSalut, los cursos de formación que imparte junto con la Policía Nacional y la Guardia Civil sobre cómo actuar en caso de agresión, y el convenio de colaboración firmado este año entre IbSalut, el Colegio Oficial de Médicos de las Illes Balears (COMIB) y el Colegio Oficial de Enfermería de las Illes Balears, orientado a desarrollar actuaciones de asesoramiento, acompañamiento, concienciación y canalización institucional en los casos de agresiones a profesionales. El objetivo, según el organismo, es «crear espacios seguro».

En un punto sí hay coincidencia explícita entre sindicatos e institución: ambas partes reclaman tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia en el ámbito sanitario. IbSalut asegura que «condena enérgicamente cualquier agresión, verbal o física, a los profesionales del sistema sanitario público», la misma línea que Simebal y SATSE reivindicaron ante los medios tras el último episodio en Sant Antoni.