El Consell d’Eivissa ha presentado ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Palma su escrito de oposición a la solicitud de suspensión cautelar planteada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra el acuerdo que regula la entrada y circulación de vehículos en la isla durante las temporadas de 2026 y 2027. La institución insular sostiene que la normativa desarrolla la Ley 5/2024 y constituye una herramienta «imprescindible» para reducir la congestión viaria, proteger el territorio y avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible.
En su escrito, el Consell argumenta que paralizar cautelarmente la regulación supondría un grave perjuicio para el interés general, ya que impediría aplicar una norma diseñada para afrontar uno de los principales problemas de la isla durante los meses de máxima afluencia turística. La institución defiende que la limitación de vehículos contribuye a preservar la calidad de vida de los residentes, reducir la presión sobre los espacios naturales y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y de emergencias.
El vicepresidente primero y conseller de Movilidad, Mariano Juan, aseguró que el Consell defenderá la regulación «con toda la firmeza» porque representa una de las principales herramientas de las que dispone Ibiza para combatir la saturación.
Además, elevó el tono de sus críticas hacia el Gobierno de España y vinculó el recurso presentado por la CNMC con una estrategia para obstaculizar las políticas impulsadas por la institución insular. «Desde el Consell Insular no podemos más que condenar otra vez las maniobras de los organismos dependientes del Gobierno de España y de Pedro Sánchez en contra de la autonomía de Ibiza y en contra de las medidas que Ibiza está implementando, valientes medidas de regulación de flujos de personas y contra la masificación turística», afirmó.
Mariano Juan añadió que «no puede ser que el Gobierno de España y el Partido Socialista se dediquen a poner palos en las ruedas siempre que intentamos poner medidas de contención», y amplió sus críticas a otros asuntos como la lucha contra la oferta turística ilegal o la ampliación del aeropuerto de Ibiza. «No puede ser que critiquen e intenten torpedear los acuerdos que tenemos con plataformas turísticas para eliminar los anuncios ilegales. No puede ser que aprueben proyectos sin consultar a nadie, como la ampliación del aeropuerto de la isla de Ibiza, y no puede ser que ahora ataquen la estrategia que tenemos para reducir coches», manifestó.
El vicepresidente recordó además que la regulación ya ha tenido efectos sobre el volumen de tráfico. «Quiero recordar que el año pasado permitió la bajada de un 15% de vehículos que entraron en la isla de Ibiza y este año parece que se consolida esa tendencia», señaló, antes de asegurar que «no entendemos que el Partido Socialista se dedique, mientras predica que aquí hay masificación y caos, a poner palos en las ruedas a un equipo de gobierno que precisamente está aprobando medidas valientes para controlar los flujos de personas».
Sistema de reparto
Frente a los argumentos esgrimidos por la CNMC, que considera que el sistema de asignación de autorizaciones para los vehículos de alquiler favorece a las empresas ya implantadas y dificulta la entrada de nuevos operadores, el Consell sostiene que el modelo aprobado cumple con el mandato establecido en la Ley 5/2024.
Según la institución insular, la normativa fija tanto un techo máximo de vehículos como el sistema para adjudicar las cuotas de comercialización de los vehículos de alquiler mediante criterios «objetivos» que garantizan la competencia efectiva, protegen las inversiones acreditadas en la isla, incorporan criterios ambientales y permiten el acceso de nuevos operadores.
Asimismo, el escrito remitido al juzgado sostiene que el sistema introduce mejoras respecto a modelos anteriores, al reforzar la proporcionalidad, la seguridad jurídica y la objetividad de los criterios de adjudicación.
El Consell también argumenta que una eventual suspensión cautelar tendría consecuencias mucho más graves que los perjuicios alegados por la CNMC.
Mariano Juan concluyó que la institución mantendrá la defensa de todas las medidas dirigidas a combatir la saturación. «Los ibicencos no pueden ser los perjudicados cada vez que esta isla intenta poner orden», afirmó. «No vamos a renunciar a ninguna de las herramientas que la ley reconoce para proteger Ibiza frente a un problema que afecta cada día a la calidad de vida de los residentes», sentenció.
Adelante Mariano y Consell, que los residentes tambien tenemos derecho a un mínimo devcaludad de vida.