La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha presentado un recurso ante el tribunal contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consell Insular de Ibiza que establece límites a la entrada de vehículos durante los meses estivales. Asimismo, la CNMC recurre por cuarto año consecutivo las medidas restrictivas aplicadas en Formentera, según ha comunicado el organismo.
En esta línea, la comisión no cuestiona los motivos medioambientales que fundamentan estos cupos, pero sí advierte de que «algunas medidas restringen la competencia de forma injustificada». Esta decisión supone un nuevo capítulo en el conflicto entre las autoridades insulares y el sector del alquiler de vehículos.
Por su parte, la Asociación Balear de Alquiler de Vehículos (Baleval) ha valorado positivamente el recurso, interpretando que confirma la ilegalidad de la regulación de cupos en ambas islas. Desde la patronal consideran imprescindible una revisión en profundidad del sistema actual para abordar los problemas de tráfico mediante soluciones efectivas en lugar de prohibiciones.
Cristóbal Herrera, presidente de Baleval, ha declarado que «las empresas de rent a car formamos parte de la solución. Pedimos diligencia a las instituciones públicas, que cumplan la ley sin favoritismos y que no perjudiquen la actividad económica y turística de Baleares».
Según la CNMC, el mecanismo actual de reparto de cuotas «favorece a las empresas ya instaladas, dificulta la entrada de nuevos competidores y reduce los incentivos para competir en precios, variedad, calidad o innovación, en perjuicio de los usuarios». En el caso específico de Ibiza, el organismo reconoce que este año se han incluido criterios medioambientales y de antigüedad de la flota, pero matiza que «sus efectos reales son limitados porque sólo afectan a un número reducido de solicitudes».
Desde Baleval argumentan que las limitaciones de vehículos entran en conflicto con la normativa de competencia tanto estatal como europea. La asociación cuestiona que no se haya justificado adecuadamente la idoneidad ni la proporcionalidad de las restricciones, que impactan en la libre circulación de personas, la libertad de empresa y la libre competencia.
La organización recuerda que, aunque los tribunales permiten establecer restricciones fundamentadas en la protección ambiental, estas deberían aplicarse de manera general y no únicamente sobre una parte del parque automovilístico. Además, los vehículos de alquiler son precisamente los más recientes y menos contaminantes comparados con el resto de automóviles en circulación.
La patronal del sector reitera su disposición a colaborar con las administraciones y plantea alternativas efectivas, que incluyen la mejora del transporte público, la adaptación de infraestructuras al incremento demográfico y la gestión específica de las zonas más problemáticas. Baleval insiste en que la restricción a las empresas de rent a car no constituye una solución efectiva contra la saturación del tráfico en las islas.