El radar situado en el kilómetro 9 de la carretera EI-600, que conecta Eivissa con Sant Antoni, ha puesto más de 28.500 multas a lo largo de 2025, lo que supone una reducción del 27,3% respecto al año anterior y le sitúa en el puesto número 16 de los radares que más sanciones generan en España.
Este es uno de los datos recogidos en un estudio elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que señala que durante 2025 en Baleares se ingresaron más de 18,1 millones de euros en multas de tráfico, un 2,2% más que en 2024.
De esta cantidad, las sanciones por exceso de velocidad en las islas generaron 4,3 millones de euros, un 8,6% menos que el año anterior.
En España, los radares de la Dirección General de Tráfico (DGT) recaudaron la cifra récord de más de 246,8 millones de euros en 2025, una cantidad que representa un aumento del 14% respecto al periodo anterior.
El informe sitúa al radar más activo del país en la provincia de Valencia. El dispositivo ubicado en el kilómetro 326 de la A-7, en La Canyada, registró 90.766 denuncias. Le sigue otro radar valenciano, situado en el kilómetro 7 de la CV-905 (Alicante), con 72.557 multas.
Según AEA, el aumento de la recaudación de los radares españoles durante 2025 no responde a una mayor «indisciplina generalizada» de los conductores, sino a la incorporación de nuevos dispositivos estratégicos por parte de la DGT.
La asociación destaca que un pequeño grupo de radares concentra una parte importante de las sanciones. De los más de 1.000 cinemómetros repartidos por España, solo 50 acumularon 1.342.285 denuncias, cerca de la mitad del impacto económico total de estas campañas.
Por comunidades autónomas, la presión sancionadora se distribuye de forma desigual. Las provincias con mayor recaudación fueron Valencia, con 18,9 millones de euros; Madrid, con 17,9 millones; y Cádiz, con 16,5 millones. En el otro extremo se encuentran Ourense, con 1,3 millones; Cáceres, con 1,6 millones; y Salamanca, con 1,8 millones.
Ante el elevado número de denuncias registradas principalmente en autopistas y autovías, y no en carreteras secundarias donde se producen el 70% de los accidentes con víctimas, el presidente de AEA, Mario Arnaldo, considera que la DGT debería replantearse su política de radares, ya que no se estaría consiguiendo el objetivo de reducir los excesos de velocidad ni los accidentes, convirtiendo los radares en «meros instrumentos de recaudación».
Está claro que el objetivo es solo recaudatorio e intimidatorio aparte de carecer de base real legal por motivos que no explicaré ni aquí ni ahora.... Habría muchas otras soluciones, pero no apetece y no se podría robar...por tanto seguirá habiendo corrupción en la DGT, multas y accidentes, y dará igual cuántos millones de cámaras y normas y controles hagan, aquí está la prueba después de 40 años de modernizaciones y regulaciones y restricciones y coches más seguros y todo igual no peor