El alcalde de la ciudad de Ibiza, Rafa Triguero, responsabilizó este viernes al Gobierno del socialista Pedro Sánchez de la fuerte presión que sufren las praderas de posidonia de la bahía de Talamanca. Triguero recordó que la posidonia está contemplada como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Sin embargo, este razonamiento no ha evitado que el Ministerio para la Transición Ecológica haya retrasado durante tres años la construcción del campo de boyas ecológicas en esta bahía.
Triguero recordó que, desde el verano de 2023, tanto él como los concejales de Medio Ambiente y Playas, Jordi Grivé y Rubén Sousa, han intentando que el ministerio agilizara el proyecto. Un proyecto que estaba previsto que construyera el Gobierno de Sánchez y para el que se contaba con una partida de dinero procedente de los fondos Next Generation. Sin embargo, el ministerio notificó al Govern a finales del pasado mes de abril que no ejecutaría la obra, tras haber redactado el proyecto, y que tendría que ser la comunidad autónoma la que se hiciera cargo de este y de los otros ocho campos de boyas que formaban parte del paquete.
La actuación del Gobierno de Sánchez fue este viernes calificada por Triguero como «una auténtica vergüenza» y «una gran tomadura de pelo». La indignación de Triguero obedece también al hecho de que el Ayuntamiento de Eivissa, según precisó, ha mostrado en todo momento «lealtad institucional» hacia el Ministerio para la Transición Ecológica. Sin embargo, este organismo no ha actuado del mismo modo. Y todo ello a pesar de que desde Ibiza se ha trasladado en todo momento al Gobierno central la necesidad de «regular y ordenar el impacto sobre la posidonia», cada vez más grave debido a los fondeos descontrolados.
«Se han perdido tres años», lamentó el alcalde, «tres años de un autentica tomadura de pelo. La presión de hoy sobre Talamanca es por el Gobierno de España». En este sentido, Triguero subrayó que tanto el Govern balear como el Ayuntamiento cumplen con sus obligaciones a la hora de intervenir en la bahía ante los fondeos ilegales. Pero no tienen las competencias necesarias para llevar a cabo actuaciones más contundentes. Así, según destacó, en las últimas semanas se han realizado 20 inspecciones que han tenido como resultado el levantamiento de siete actas. Todo ello en un momento en el que a diario se pueden contabilizar cerca de 90 embarcaciones fondeadas ilegalmente. Un número que los fines de semana se dispara hasta las 200.
Para Triguero, si el Gobierno sabía que no ejecutaría el campo de boyas, tendría que haberlo dicho antes. Ahora será el Govern el que, a través de Ports IB, saque adelante la construcción y la gestión. Eso sí, todo dependerá ahora de que la Demarcación de Costas, que depende del Estado, agilice los trámites para autorizar a Ports IB a intervenir en una zona considerada de dominio público marítimo-terrestre.
De un modo similar se ha pronunciado el director general de Puertos de Baleares, Antoni Mercant, quien afirmó compartir «la frustración» expresada por Rafa Triguero porque este proyecto «tendría que estar ya ejecutado». Mercant también mostró su confianza en que la Demarcación de Costas agilice la autorización para poder empezar las obras.
El responsable de Puertos en las Islas destacó también el hecho de que el Gobierno de Sánchez haya «perdido los fondos del Mecanismo de Resiliencia y Recuperación» destinados al campo de boyas de Talamanca por sus retrasos. Y expresó que estos han obedecido a cuestiones como las dificultades para que este campo fuera desde Ports IB: «El ministerio ha tenido dudas sobre la gestión. Desde el punto de vista jurídico han llegado a dudar de que la gestión la pudiera hacer Ports IB a pesar de que estos campos los ha de gestionar la Administración pública».
Mercant afirmó que, además, Ports IB ya gestiona otros ocho campos de boyas ecológicas en el archipiélago y que cuenta con su propio sistema de reservas y pasarela de pago. Además, tiene experiencia en las adjudicaciones para los servicios que requieren estas instalaciones. «Sabíamos que lo tendríamos que gestionar nosotros», según señaló, «veíamos muy difícil que lo hicieran desde Madrid. Pero ahora hace falta que el ministerio nos otorgue la concesión o autorización de la zona de dominio público marítimo-terrestre. Es el único paso que falta».
Bien Rafa... Vas por buen camino, camino de Rajoy