Patronales pitiusas han valorado la propuesta del Consell de priorizar en las políticas de vivienda a ciudadanos con un mínimo de 10 años de empadronamiento en la isla, una sugerencia lanzada por el presidente insular Vicent Marí en el discurso del Vuit d'Agost.
Durante su intervención, Marí se refirió a la crisis habitacional apuntando a las dificultades para lograr una estabilidad profesional y personal de muchas familias y trabajadores con problemas para acceder a una casa. Por ello, defendió que las instituciones deben priorizar la vivienda para residentes y reclamar un mínimo de 10 años de empadronamiento «porque el objetivo no es crecer más, sino defender la cohesión social y la igualdad de oportunidades y de futuro y, al mismo tiempo, retener a profesionales esenciales para la salud, la educación y la seguridad, que no encuentran dónde vivir».
Sobre ello, la patronal PIMEEF (Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera) consideró que se está ante «guna situación excepcional» y, por tanto, se requieren medidas excepcionales y, aunque pueda verse como algo que estigmatiza a una parte de la población, la PIMEEF recordó la carencia de viviendas en Ibiza, «por lo que alguien que lleve tiempo en la isla y busque aquí un plan de vida, es legítimo que pueda verse favorecido, más que nada porque no hay esa vivienda y por algún sitio hay que cortar».
Normas de hace 30 años
La patronal reiteró que «no nos podemos agarrar a unas normas de hace 30 años que no preveían la situación actual» y, ante nuevas situaciones, hay que buscar nuevas soluciones.
La Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH) manifestó que esta propuesta parte de una realidad que no se puede ignorar y es que Ibiza tiene un problema residencial estructural.
La presidenta en Baleares de AEDH, Alicia Reina, explicó que la presión demográfica, la escasez de suelo disponible, el intrusismo, los elevados precios y la limitada oferta de vivienda asequible están dificultando que muchas personas que trabajan y desarrollan su proyecto de vida en la isla puedan acceder a una residencia. En este contexto, proteger a la población residente y con un arraigo consolidado es un objetivo legítimo, consideró.
Reina recordó que la isla tiene unas características territoriales singulares, con suelo limitado y una capacidad de los servicios públicos y de las infraestructuras también limitada. Por tanto, «no se puede analizar la vivienda exactamente con los mismos parámetros que en un territorio continental con mucha más capacidad de crecimiento», apuntó.
La presidenta reconoció entender el planteamiento de que determinadas políticas públicas de vivienda puedan dar una prioridad adicional a quienes llevan muchos años residiendo en la isla. «El arraigo puede ser un criterio razonable para ordenar el acceso a un recurso público escaso. Pero una cosa es priorizar y otra excluir, y ahí creo que debemos ser especialmente cuidadosos», advirtió también, recordando que el padrón, por sí solo, no mide la necesidad habitacional ni necesariamente refleja el grado de arraigo social, laboral o familiar de una persona.
Por tanto, apostó por seguir un sistema ponderado, donde los años de residencia tengan peso, pero se valoren conjuntamente otros factores como los ingresos, si hay menores a cargo, la situación laboral y, especialmente, la prestación de servicios esenciales para la isla, entre otras cosas.
«Si establecemos una barrera demasiado rígida para las personas que llegan, podemos dificultar que Ibiza atraiga precisamente a los profesionales que necesita», alertó Reina, puntualizando que el gran problema de fondo continúa siendo la falta de una oferta residencial asequible.
Soluciones inteligentes
«La solución debería ser mucho más inteligente: un sistema de puntos o de prioridades donde la residencia prolongada tenga un peso importante, pero se combine con la necesidad real de vivienda y con la contribución y vinculación efectiva con la isla y, sobre todo, debemos evitar un debate entre «los de aquí» y «los que vienen de fuera». Ibiza necesita proteger a quienes llevan años viviendo aquí, pero también necesita a quienes vienen a trabajar, se integran, forman sus familias y quieren construir su futuro en la isla», concluyó.
En la Federación Empresarial Hotelera pitiusa valoraron que las instituciones estudien medidas en relación a la vivienda, aunque al ser un tema más social que turístico, la patronal aseguró no tener una postura definida sobre esta cuestión.
El vicepresidente en Pitiusas de CAEB, José Antonio Roselló, reconoció que la propuesta de Marí «es interesante» y denota una preocupación por el problema habitacional, un tema que «exige un estudio serio». Al mismo tiempo, señaló que los servicios jurídicos es posible que deban valorar si la propuesta se ajusta a derecho, aunque no descartó que pueda encajar.
«Debería pasar por el Parlament para saber si efectivamente es viable», concluyó.
M.RajoyTaxistas y similares con sueldo en B serán los agraciados, pero los mortales con sueldos normales seguiremos de alquiler… que vergonya!!