Taxis pirata, coches de renting y vehículos con matrículas que nos indican que llevan apenas entre un año y 15 meses matriculados son algunos de los muchos automóviles que nos encontramos cuando nos adentramos en el depósito municipal de vehículos de sa Coma de Ibiza. Entre otras historias, encontramos vehículos valorados en alrededor de 200.000 euros, coches de empresas de alquiler que fueron utilizados para ofrecer servicios de transporte ilegal y, en especial, la guinda del pastel: un Audi RS Q8, valorado en más de 170.000 euros, con matrícula de Andorra que se ofrecía irregularmente en un alquiler de coches. Y es que este vehículo estaba matriculado en Andorra y, por tanto, se ve directamente afectado por la ley de limitación de entrada de vehículos a Ibiza, por lo que este coche está condenado a afrontar una multa de 20.000 euros y una inmovilización de dos meses. Al preguntar a qué se debe esto, Mariano Juan, vicepresidente primero del Consell d’Eivissa explica que esta normativa «lo que hace es reservar un cupo para los automóviles que vengan de fuera —tanto de particulares como de rent a car— que pretendan explotar un servicio de alquiler en la isla de Ibiza con matrícula extranjera o de fuera de España». Es por ello que se castiga a «una persona o empresa que operaba como rent a car en Ibiza con matrícula extranjera y que, por lo tanto, no disponía de un cupo autorizado ni autorizable para ejercer dicha actividad».
Al indagar sobre la frecuencia de este tipo de casos, Mariano Juan señala: «Quizá se deba a que la ley era más novedosa, había mayor desconocimiento y muchas empresas utilizaban técnicas pirata de venir directamente desde fuera sin los permisos correspondientes, habiendo normalizado esa situación. Con la nueva ley, se toparon de bruces con una normativa que impedía estas prácticas sin solicitar la autorización pertinente para controlar el flujo de entrada».
Comunicación a Hacienda
Sobre cómo se descubren estas irregularidades, el proceso es, cuanto menos, curioso: «Se establecen controles conjuntos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las policías municipales en las carreteras. Al ver una matrícula extranjera ya surge la sospecha de que pueda tratarse de un coche de alquiler foráneo, lo que facilita su detección frente a los vehículos nacionales, que son más difíciles de identificar», explica Juan. En cuanto a las consecuencias legales para un vehículo procedente de otro país que incumple la normativa local, detalla que «lo que el Consell va a empezar a hacer es remitir todos estos expedientes a Hacienda para comprobar si las gestiones que realizan como alquileres encajan legalmente, evaluando si un vehículo que no ha pagado el impuesto de matriculación en España —en este caso procedente de Andorra— puede ejercer aquí una actividad económica con esa matrícula».
Los taxis pirata
Al preguntar por los vehículos que más se repiten en este depósito, Roberto Algaba, director insular de Transportes, apunta que los taxis pirata son los que con mayor frecuencia terminan en sa Coma: «Sobre los taxis pirata, lo que estamos viendo es que, tras aplicar el plan de choque contra el intrusismo el año pasado, la presencia en el aeropuerto se ha reducido drásticamente, eliminando en torno al 95% del ofrecimiento», comenta Algaba, quien añade: «Si antes el aeropuerto era una barra libre para los piratas, ahora tienen que buscarse más la vida, aunque seguimos interceptándolos en diversos controles».
Ante el desplazamiento de estos infractores a otras zonas de la isla como discotecas o beach clubs, Algaba aclara: «Para que exista infracción se deben dar condicionantes como un pago o un ofrecimiento previo, algo que muchas veces no ocurre. El otro día realizamos un operativo en Ushuaïa y no detectamos taxis piratas sino personas que acudían a recoger a conocidos; no todo lo que se ve es transporte ilegal». No obstante, reconoce que la presión se ha trasladado a los locales de ocio: «Es cierto que se han desplazado a esas zonas y tanto el Consell como las policías locales —que han dado un gran impulso a la lucha contra el transporte ilegal— se desplazan allí para interceptarlos. Ya no disponen de las facilidades ni de la garantía de servicio que tenían antes en el aeropuerto».
Desde el Consell se celebra esta victoria frente a los taxis pirata en el aeropuerto. Según Mariano Juan, «junto con Aena hemos conseguido expulsar prácticamente la totalidad de la piratería del interior del aeropuerto». Respecto a los taxistas desplazados a las discotecas, apunta: «Al cortar ese frente de línea con Aenay la Guardia Civil, hemos expulsado a los infractores del principal punto de fidelización. Ahora se ven obligados a buscarse la vida en las playas soportando el calor o a trasnochar frente a las discotecas para captar clientes, perdiendo la comodidad y la rentabilidad inicial de antaño».
Convertidos en chatarra
¿Qué se hace finalmente con estos vehículos? Tanto Algaba como Mariano Juan recuerdan que muchos de los coches que observamos acumulan mucho tiempo en las instalaciones. En el pasado era más sencillo concluir los expedientes, pero la normativa ha cambiado drásticamente: «Antes se tenían que pagar 6.000 euros para dar el expediente por concluido y ahora ha subido a 15.000 euros. Además, algo muy importante: antes se podía retirar el coche pagando 4.000 euros y ahora, para recuperarlo, tienes que pagar los 15.000 enteros», señala Mariano Juan.
Para quienes no disponen de esa cantidad y abandonan sus automóviles en el recinto, Algaba detalla el procedimiento: «Este año hemos cogido unos 60 taxis pirata. El año pasado hicimos 40 achatarramientos de vehículos; el achatarramiento es continuo».
Sanciones y recaudación
Los automóviles no son los únicos que sufren graves consecuencias ya que los infractores también deben afrontar sanciones económicas severas. El endurecimiento de las multas «ha provocado que a muchos ya no les interese ser piratas: vale más la multa que recuperar a veces el coche y llevártelo, por lo que la medida del achatarramiento está siendo bastante disuasoria e importante para minimizar este problema».
Esta estrategia ha provocado un giro radical en las cuentas del Consell d’Eivissa: «Pasamos de tener recaudaciones en el año 2019 de 100.000 euros en concepto de sanciones efectivas a superar los 700.000 euros recaudados el año pasado», explica Mariano Juan. Ante este impacto, el vicepresidente primero del Consell d’Eivissa se muestra optimista sobre el futuro de la movilidad en la isla: «Lo que notaremos probablemente a partir de este año o del siguiente es una reducción tanto de la recaudación como de la inmovilización y el achatarramiento de vehículos porque estamos notando un decremento de la actividad ilegal, sobre todo en el aeropuerto, fruto de la presencia constante que hace que los piratas ya no vengan o no trabajen allí. Habrá menos inmovilizaciones, menos sanciones y, por lo tanto, menos recaudación, lo cual no es una mala noticia sino una buena noticia».
Y concluye: «Estamos rompiendo esa dinámica. Ha empezado a correr la voz de que las multas se cobran, de que no puedes retirar el coche y de que lo achatarramos, por lo que se les está haciendo la situación bastante más complicada, menos rentable, y las infracciones comienzan a bajar».
Que los saquen a subasta.. si es que saben hacerlo..