El Defensor del Pueblo ha remitido un nuevo requerimiento al Ayuntamiento de Santa Eulària para obtener información sobre la situación de los menores que residían en el asentamiento de Can Rova II, un año después de que el entonces senador pitiuso, Juanjo Ferrer, trasladara el caso a la institución. Sin embargo, el Consistorio sostiene que la información publicada sobre este expediente parte de un error y asegura que sí respondió al primer requerimiento.
La Oficina del Defensor del Pueblo señala que, «ante la falta de respuesta», se ha visto obligada a recordar por segunda vez al Ayuntamiento su deber de colaboración y lamenta el retraso en esclarecer las circunstancias en las que se encontraban los menores cuando se produjo el desalojo.
La versión municipal difiere. Santa Eulària asegura que el primer requerimiento fue recibido el 13 de marzo de 2026 y que el Ayuntamiento lo contestó el 7 de abril. Por ello, considera que el nuevo escrito, fechado el 1 de septiembre, parte de la «premisa errónea» de que el Consistorio no había respondido.
El Ayuntamiento recuerda, además, que fue el propio Consistorio quien acudió al Defensor del Pueblo el 9 de junio de 2025 para solicitar su amparo ante la situación de Can Rova II y denunciar la, a su juicio, «pasividad» de la Administración General del Estado y de los órganos judiciales competentes. En aquella comunicación ya alertaba de las graves condiciones de hacinamiento, salubridad y habitabilidad del asentamiento, donde también residían familias con menores.
Santa Eulària prepara ahora un nuevo escrito para aclarar la cronología y volver a facilitar la información solicitada y lamenta que se hayan formulado acusaciones «antes de comprobar» si había contestado al requerimiento y recuerda que mantiene a disposición de los representantes públicos sus informes sobre las actuaciones realizadas.