El Consell d’Alcaldes ha acordado este viernes por unanimidad reclamar al Gobierno de España que las promociones de vivienda pública y de alquiler asequible impulsadas en Ibiza prioricen a las personas que ya residen en la isla.
El Consell Insular d’Eivissa y los cinco ayuntamientos piden al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y a CASA 47 que esta prioridad se aplique especialmente a las 532 viviendas previstas en Ca n’Escandell y que las personas que acrediten diez años o más de residencia en Ibiza tengan preferencia en el proceso de adjudicación.
El alcalde de Ibiza, Rafel Triguero, ha explicado que, a raíz de la visita realizada este jueves a Ca n’Escandell con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, el Ayuntamiento de Ibiza ha elevado al Consell d’Alcaldes la necesidad de abordar esta cuestión con carácter de urgencia y fijar una posición conjunta de todas las instituciones de la isla.
Triguero ha señalado que se exigirá el cumplimiento de la legislación balear, que ya prevé que cualquier vivienda sujeta a alguna medida de protección pública sea de acceso prioritario para los residentes en las Illes Balears que acrediten una antigüedad mínima de residencia.
Las instituciones de la isla consideran difícilmente comprensible que el Gobierno de España reconozca la situación de emergencia residencial que sufre Ibiza y, al mismo tiempo, plantee que las viviendas construidas para dar respuesta a esta situación puedan adjudicarse a personas que todavía no residen en la isla.
El objetivo de la vivienda pública en Ibiza debe ser garantizar que las familias, los jóvenes y los trabajadores que ya viven en la isla puedan permanecer en ella. El Consell d’Alcaldes considera que no tiene sentido destinar recursos públicos a afrontar una emergencia residencial si las personas que la sufren deben competir en igualdad de condiciones con solicitantes de cualquier otro territorio.
El presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, ha defendido que «si el mismo Gobierno de España reconoce que Ibiza sufre una emergencia residencial, las viviendas públicas que se construyan aquí deben ser, prioritariamente, para los residentes de Ibiza».
«Hablamos de familias y trabajadores que llevan años viviendo en la isla y, especialmente, de jóvenes que no pueden iniciar su proyecto de vida porque no encuentran una vivienda que puedan pagar. No podemos construir vivienda pública para resolver este problema y obligarles después a competir con personas que todavía no residen aquí», ha afirmado Marí.
El presidente también ha advertido de que la política de vivienda no puede desvincularse de la evolución demográfica de la isla. «Ibiza tiene un problema de crecimiento demográfico. Durante las últimas décadas prácticamente ha duplicado su población y construir viviendas para que siga llegando más gente no resuelve el problema de los residentes, sino que aumenta la presión sobre la vivienda, el territorio, las infraestructuras y los servicios públicos», ha señalado.
«La vivienda pública debe permitir que las personas que ya viven en Ibiza puedan quedarse. Si construimos para seguir generando nueva demanda sin atender antes la que ya existe, agravamos el problema en lugar de resolverlo», ha añadido Marí.
«Todavía están a tiempo de modificar los criterios antes de que se aprueben las bases y comiencen los procedimientos de adjudicación. La vivienda pública que se construye en Ibiza para afrontar la emergencia de Ibiza debe servir para que los residentes puedan seguir viviendo en su isla», ha concluido el presidente.
La reunión, celebrada en Can Botino, también ha servido para exponer a los alcaldes los seis proyectos del Consell d’Eivissa aprobados con cargo al Plan Anual 2026-2027 del Impuesto de Turismo Sostenible, que suman 16.642.543,54 euros.
La partida más elevada corresponde al Plan de acción para la reducción y optimización de la gestión de los residuos, que recibirá 5.015.000 euros. El proyecto nació en el Consell d’Alcaldes celebrado el 12 de diciembre de 2025 en el Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja, donde las seis administraciones acordaron diseñar una estrategia insular conjunta y solicitar su financiación al Govern de les Illes Balears.
El plan incluye la creación del Observatorio Insular de Residuos, la modernización de los puntos limpios, la vigilancia de los vertidos incontrolados y el apoyo a los proyectos municipales de reducción, reutilización y separación de residuos.
El Plan de choque contra el intrusismo y de regeneración del destino recibirá 4,7 millones de euros. Esta segunda fase permitirá consolidar la inspección y la tramitación de sanciones, evitar la reaparición de la oferta ilegal y crear una Oficina Técnica de Reconversión del Destino. El proyecto reserva dos millones de euros para actuaciones y personal de los cinco ayuntamientos.
El resto de los proyectos aprobados son la construcción de la estación depuradora provisional de Portinatx, con 2.382.060,52 euros; un programa de ayudas para el mantenimiento del paisaje de Ibiza, con 1,9 millones; la restauración y el mantenimiento de las iglesias de la isla, con 1.388.728,16 euros, y la demolición de la estructura inacabada de Cala d’en Serra y la recuperación ambiental del entorno, con 1.256.754,86 euros.
El presidente ha valorado que estos proyectos «responden a necesidades concretas de Ibiza y permiten que los recursos generados por la actividad turística se destinen a reducir sus impactos, proteger el paisaje y el patrimonio y mejorar los servicios que reciben los residentes».
En materia de gestión de residuos, el Consell d’Alcaldes ha acordado iniciar los trámites para preparar el expediente de contratación del servicio de traslado de la fracción de rechazo a Mallorca, con el objetivo de garantizar su continuidad una vez finalice el plan piloto actual.
El Consell d’Alcaldes también ha hecho un primer repaso de las inversiones ejecutadas y programadas en materia de agua. Durante esta legislatura, el Consell d’Eivissa y los ayuntamientos han movilizado más de 25 millones de euros en actuaciones de abastecimiento, saneamiento, renovación de redes y evacuación de aguas pluviales.
Las instituciones han acordado profundizar en próximas reuniones en la evaluación de los resultados de estas inversiones. Los ayuntamientos analizarán la evolución de los principales indicadores desde 2018 para determinar cómo se han traducido las actuaciones en una mayor eficiencia de las redes, la reducción de pérdidas y la mejora de la gestión del agua.
La reunión ha constatado igualmente que las entidades colaboradoras urbanísticas ya son una realidad en Ibiza. Hasta ahora se han concedido dos licencias mediante este procedimiento exprés y existe un interés creciente por una fórmula que permite reducir trámites y acortar los tiempos de tramitación de los expedientes urbanísticos.
Actualmente hay cuatro entidades acreditadas, que pueden consultarse en la página web del Consell d’Eivissa. La institución ha animado a los particulares y profesionales que deban tramitar una licencia a informarse sobre este procedimiento exprés y valorar su utilización.
Finalmente, el presidente ha informado a los alcaldes de la última reunión mantenida con la compañía distribuidora de electricidad. En este encuentro se acordó crear grupos de trabajo técnicos entre cada ayuntamiento y la distribuidora para mejorar la coordinación, agilizar la tramitación de expedientes y abordar las incidencias y necesidades específicas de cada municipio.
Bueno,la adjudicación del proyecto ( de un reconocido arquitecto) y que se publicó recientemente, para las primeras 167 ??? Se establece un periodo de 4 años y medio para terminar los 4 o 5 bloques interconectados. Más de 1 legislatura para terminar las obras, las más de 500 tira por lo bajo 8 años. Tomadura de pelo, no sé va a resolver nada, en 8 años habrá 25.000 hab más, más de la mitad serán adjudicadas a gente peninsular o extranjeros Los que llegaron hace 3 años cuando terminen las obras entrarán dentro de lo exigido por años residimos. EL AÑO QUE VIENE HAY ELECCIONES CAGATE LORITO