El Consell d'Eivissa ha expuesto este jueves su modelo de lucha contra la oferta turística ilegal en el III Congreso Nacional de Derecho de la Empresa y Actividad Turística, celebrado los días 15 y 16 de octubre en el Claustre del Carme de Maó, en Menorca. El conseller de Territorio, Ordenación Turística, Movilidad, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, ha participado en este foro académico y jurídico de ámbito nacional, que ha reunido a catedráticos de Derecho, expertos en regulación de la actividad turística y representantes institucionales para analizar los principales retos normativos del sector.
En concreto, Juan ha intervenido en la mesa redonda Competencia desleal y su efectivo control, junto a especialistas en Derecho Mercantil de diferentes universidades españolas, donde ha explicado la estrategia desarrollada por el Consell d'Eivissa para combatir la comercialización de alojamientos turísticos ilegales.
Durante su intervención, el conseller ha destacado el cambio de enfoque impulsado por la institución insular, que apuesta por actuar sobre la publicidad de los alojamientos antes de que se materialice la actividad ilegal, en lugar de limitar las actuaciones a la inspección y la sanción una vez que esta se ha producido.
En este sentido, Juan ha recordado que la oferta turística ilegal no solo representa una situación de competencia desleal respecto a los establecimientos reglados, sino que también incrementa la capacidad de acogida de la isla al margen de la planificación turística, con consecuencias sobre la movilidad, los recursos, los servicios públicos y la convivencia.
Según los datos expuestos, en 2024 se estimaba que en Ibiza se comercializaban unas 17.500 plazas turísticas ilegales a través de plataformas digitales, una cifra equivalente prácticamente a todo el parque legal de viviendas turísticas de la isla.
Una reducción del 44 % de las viviendas anunciadas
El conseller ha destacado los resultados obtenidos a partir del trabajo iniciado con Airbnb y ampliado posteriormente a Booking y Vrbo, que ha permitido avanzar en la identificación y depuración de los anuncios de alojamientos turísticos.
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) expuestos durante la jornada, el número de viviendas anunciadas en Ibiza ha pasado de más de 4.100 en agosto de 2024 a unas 2.300 en mayo de 2026, lo que representa una reducción del 44 %. En el mismo periodo, las plazas anunciadas han disminuido un 40 %, al pasar de más de 28.000 a menos de 18.000.
Juan ha destacado que, más allá de la reducción del número de anuncios, uno de los principales avances ha sido la mejora de la trazabilidad de la oferta comercializada, que permite identificar los alojamientos, contrastar su situación administrativa y actuar con mayor eficacia ante posibles irregularidades.
Para conseguirlo, el Consell ha desarrollado un sistema de monitorización que combina la geolocalización de los anuncios, la georreferenciación de la oferta legal y el cruce de bases de datos, así como la comprobación de imágenes y números de registro.
Estas herramientas permiten detectar habitualmente entre 25 y 30 anuncios diarios y agilizar las actuaciones de comprobación, con una capacidad de respuesta de aproximadamente 48 horas.
Colaboración con las plataformas y refuerzo de la inspección
Otro de los aspectos destacados durante la intervención ha sido la decisión del Consell de establecer un marco de colaboración con las plataformas digitales, las patronales y las asociaciones profesionales del sector turístico, con el objetivo compartido de garantizar la calidad de la oferta y la sostenibilidad del destino.
Esta colaboración, iniciada con grupos de trabajo específicos, se ha consolidado con la creación de la Mesa del Intrusismo, concebida como un espacio permanente de intercambio de información, seguimiento de la oferta y coordinación de actuaciones.
Paralelamente, el Consell ha reforzado los recursos destinados a la lucha contra el intrusismo. Desde 2023, el número de inspectores de turismo y transportes ha pasado de 9 a 14, mientras que el personal instructor ha aumentado de 4 a 9 profesionales.
Además, desde el 1 de enero de 2025 se han iniciado aproximadamente 400 expedientes sancionadores relacionados con la oferta turística ilegal.
El conseller ha concluido que la combinación de tecnología, colaboración con las plataformas y refuerzo de los recursos públicos permite avanzar hacia un modelo turístico más ordenado, en el que la Administración dispone de más información y capacidad de actuación para garantizar el cumplimiento de la normativa.
El objetivo, ha señalado, no es reducir la oferta turística reglada, sino combatir aquella que opera al margen de la planificación y que genera una presión añadida sobre el territorio y los servicios de la isla.