Un despido ocurrido hace tres años les puede costar a un matrimonio propietario de un comercio de Eivissa y a un asesor laboral una pena de dos años y medio de cárcel si la Audiencia Provincial considera que tiene razón una empleada de este establecimiento que denunció a todos ellos de estafa por no pagarles el dinero convenido por el fin de su contrato laboral.
La acusación particular, en un caso que la fiscalía pidió la absolución por falta de pruebas, mantiene que todos ellos engañaron a la trabajadora -a la que el matrimonio acusaba de robarles- para que firmara unos papeles en los que se reconocía el pago de 1.345.000 pesetas que se le adeudaban sin que posteriormente se entregara esta cantidad.