La Audiencia Provincial resolvió ayer la causa que se abrió en abril de 1991 contra la que fuera jefa del negociado del servicio de giro y contabilidad de Correos en Eivissa, Rosa María Villalvilla Ocaña, procesada por apoderarse de cantidades que en su conjunto superaban los tres millones de pesetas y que estaban destinadas al pago de subsidios asistenciales procedentes del Fondo Nacional de Asistencia Social. La acusada ocultó en la mayoría de los casos que los destinatarios habían fallecido. En este sentido, cerca de una treintena de personas constaban como muertas meses o semanas antes de la llegada de las ayudas.
Villalvilla Ocaña, condenada ya en 1993 por otro delito de malversación de caudales públicos a pagar 333.000 pesetas, aceptó ayer ante el tribunal devolver los tres millones que se quedó, la inhabilitación absoluta por seis años y una condena de tres años de cárcel, pena que queda pendiente de una tramitación de indulto parcial que rebajaría hasta un año la condena penitenciaria. La razón de esta rebaja, por hechos en los que en principio se pedían penas muy superiores, está paradójicamente en los perjuicios ocasionados a la imputada por la dilación del proceso. La propia fiscalía se hizo eco de que la instrucción sufrió interrumpidos periodos de inactividad sin que la acusada se sustrajera de la acción de la justicia o hubiera mantenido una conducta obstaculizadora. Tampoco existe ninguna justificación por la tardanza al no revestir especial complejidad la investigación. Esta demora ha conllevado -según este parecer- la vulneración del derecho fundamental a un procedimiento sin dilaciones indebidas, derecho que la propia ley recoge. Villalvilla Ocaña compareció ante la sala reconociendo que desde mediados de 1987 a finales de 1990 se apropió de una larga lista de pagos que fue haciendo efectivos fraudulentamente en su beneficio mes a mes.