Un grupo de juristas y sociólogos propuso ayer que ciudadanos con una mínima preparación intelectual puedan formar parte de tribunales que juzguen a magistrados que delincan en el ejercicio de sus funciones.
Este colectivo también propone impulsar la figura de la mediación para «alejar la resolución de conflictos» de los tribunales, potenciar el papel de los tribunales superiores de justicia y del Tribunal Supremo, ampliar la nómina de delitos competencia de los jurados populares y especializar a los tribunales y a los jueces. Estas propuestas están contempladas en el estudio «Los retos de la Justicia en el siglo XXI», presentado hoy en Barcelona y escrito por magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
La más revolucionaria de las propuestas de este grupo de juristas es un «sistema de control de los jueces participado, no sólo por el Poder Judicial, sino por otras personas y estamentos no judiciales», según García Fontanet, que preside la sala Contencioso Administrativa del TSJC. La idea se basa en la filosofía de una ley de junio de 1936 sobre responsabilidad criminal y civil de jueces, magistrados y fiscales en la que, la II República, en su afán de modernizar la Justicia, propuso la formación de tribunales mixtos, formados por jueces de derecho y jurados populares, para enjuiciar los actos de magistrados. Esos jurados populares representaban a entidades sociales e incluso sindicales. Los autores no ven inconveniente en que «un panadero o un mecánico» juzguen a un juez y sólo consideran necesario que su preparación intelectual sea mínima