La Comunitat Autònoma de les Illes Balears dispone de casi todos los medios adecuados para llevar a cabo el cumplimiento de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Extremadura y Murcia son las comunidades autónomas mejor preparadas para aplicar la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que cumplen plenamente dos de las condiciones para su ejecución: la existencia de una sala de vistas por cada dos juzgados y la disposición de equipos de videograbación en todas ellas.
Según los datos aportados por las comunidades autónomas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la disposición de medios para la implantación de la LEC, el pasado 8 de enero, el 75 por ciento de los 1.562 juzgados cumplía la proporción respecto a las salas de vistas. Esa proporción se considera necesaria para hacer realidad los principios de oralidad e inmediatez que inspiran la ley, que entró en vigor el pasado lunes. Los informes del CGPJ contrastan paradójicamente con el sentir general en Balears, donde los abogados de las Islas han mostrado sus recelos sobre lo que la nueva normativa supone.
Estas críticas también han venido acompañadas por el sentir de la judicatura, que a través de sus Juntas de Jueces y de distintas manifestaciones particulares, han hecho ver que la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil nace con lo que se considera una falta de medios indiscutible. En el caso de Eivissa, además de distintas circunstancias que se alegan, es patente la situación de los juzgados de Instrucción y Primera Instancia número 3 y 4, donde la falta de espacio es uno de los mayores problemas. Las principales críticas que se han vertido en distintos frentes sobre estos particulares hacen referencia a la previsión de que en un breve espacio de tiempo se «colapse» el trabajo en los juzgados.