Los vecinos afectados por el derrumbe del edificio de Viajes Barceló en Can Escandell, ocurrido el pasado sábado por la mañana, han decidido interponer, a través de sus abogados, una denuncia por los daños ocasionados por el desplome ante los juzgados para que se instruyan las diligencias previas que determinen si lo sucedido es constitutivo de delito.
A esta denuncia puede sumarse otra en el futuro, procedente en este caso de la Conselleria de Treball del Govern balear. Su titular, Eberhard Grosske, ha solicitado a la Conselleria d'Obres Públiques un informe técnico que determine las causas del siniestro. Según Grosske, los trabajadores de la obra se encontraron frente a «un grave peligro», ya que el edificio se vino abajo segundos antes de que accedieran al mismo. Si se encuentran indicios de delito, el informe será remitido a la Fiscalía para su trámite.
Mientras, los vecinos recibieron ayer la comunicación de desalojo del edificio emitida por el Ayuntamiento de Eivissa. En la misma se les insta a «mantener desocupado la totalidad del bloque», lo que incluye ocho viviendas y tres locales comerciales. Los ocupantes de los pisos optaron ayer por la mañana por retirar el máximo de bienes posibles de sus hogares. Coches y camionetas fueron utilizados para transportar ropa y enseres e incluso muebles y electrodomésticos.
Por otra parte, el Ayuntamiento concretó ayer el realojo de las familias en unos apartamentos de Platja d'en Bossa, ya que el establecimiento hotelero de Eivissa en el que se alojan desde el lunes debe ser abandonado antes de mañana. El Consistorio ibicenco se ha comprometido con los vecinos afectados a costear el alojamiento en estos últimos apartamentos durante un mes. Santiago Pizarro, concejal de Bienestar Social, señaló que dicho intervalo de tiempo es el estimado por el equipo de gobierno para «encontrar una solución al problema».