Dos agentes del puesto de la Benemérita de Sant Antoni comparecieron ayer ante la Audiencia Provincial para enfrentarse a penas de prisión de un año que pide para cada uno de ellos la representación legal de un marroquí que les acusa de un presunto delito contra la integridad moral y una falta de lesiones. La presunta víctima reclama además una indemnización de dos millones de pesetas por las secuelas.
El fiscal no apoyó la tesis de la acusación particular en lo referente al cargo contra la integridad moral pero sí en lo referente a que las lesiones sufridas en espalda, cuello y cara del magrebí se tuvieron que deber a una acción desproporcionada.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 21 de octubre de 1999 después de que el denunciante se presentara en el cuartel de Sant Antoni para interponer una denuncia contra una persona que supuestamente le había agredido tras una discusión en un bar. Según la defensa, éste sabía que la persona con la que había sufrido un altercado era guardia civil. Sea como fuere, ambos reconocen de distintos modos que hubo un encontronazo en un bar y que todo terminó en la calle con un intercambio de golpes. El agente asegura que se identificó y que el marroquí llegó a mostrarle una navaja, arma que según el denunciante le fue «colocada» luego cuando se procedió a su arresto.
Al llegar al puesto, un agente conocedor de la discusión avisó a su compañero. Al identificarle y cachearle se le comunicó que estaba detenido por atentado. Según los agentes, se resistió duramente. Según el denunciante, simplemente fue atacado con brutalidad.