Organizaciones empresariales de Sant Antoni reaccionaron ayer con indignación al conocer el último capítulo de violencia habido en esta localidad por problemas derivados de la venta ambulante ilegal, una situación que se ha agravado al mezclarse también con la delincuencia británica. De esta preocupación participan muchos de los vecinos encuestados por este periódico, que mostraron su temor a que todo desencadene en una situación de inseguridad que, según algunos, ya se está produciendo.
La Pimeef , en su reunión ayer con el alcalde Antoni Marí Tur, también instó, una vez más, a tomar medidas concretas, haciendo expresa mención al peligro de una lucha entre los grupos de africanos y británicos por el tráfico de drogas. Todas las organizaciones de las que este periódico recogió información están dispuestas a mantener nuevas reuniones con representantes de la Delegación del Gobierno, municipales y policiales para exigir soluciones inmediatas. En todas los escritos y conversaciones se hace hincapié en el extremo de que ya no bastan «las palabras y las buenas intenciones».
La Asociación de Establecimientos Turísticos de Entretenimiento de la Bahía de Portmany volverá a presentar denuncias ante los ayuntamientos de Sant Antoni y Sant Josep, Dirección Insular e, incluso, en Costas. La Associació d'Empresaris de Comerç de Sant Antoni emitió un duro comunicado en el que se señalaba, entre otros puntos, que no se iba a «consentir que Sant Antoni se convierta en la institucionalización de la ilegalidad y la delincuencia». Francisco Vallespir, presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos, señaló que la «situación se ha desbordado y que hay que hallar solución a corto plazo». «Se está dando una imagen de ghetto», añadió.