La representación legal de la familia del niño de 9 años que murió al caer en un pozo de Puig den Valls el pasado mes de abril solicitó que se tomara declaración en calidad de imputados al presidente y administrador de la comunidad que es propietaria, según las comprobaciones que se realizan, del aljibe donde perdió la vida Luis Alberto Ríos Cano.
Esta prueba, en los primeros pasos que se han dado para exigir responsabilidades por un posible delito de imprudencia con resultado de muerte, ha sido denegada por el encargado de la investigación judicial, el responsable del juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa, José Espinosa. El juez ha considerado que no ha lugar a esta actuación porque ambos cargos fueron de reciente nombramiento y que, en todo caso, ambas personas ya han declarado en calidad de testigos. Ante ello, y ante la posibilidad de que nadie finalmente responda de lo sucedido, el abogado de la familia ha presentado un recurso de reforma.
El primer escrito de la acusación también incluyó que se tuviera en cuenta que el patio donde ocurrió la tragedia, pese a ser privado, dispone de un acceso exterior por el que puede entrar cualquiera, motivo por el que se pedía también responsabilidades civiles subsidiarias al Ayuntamiento de Santa Eulària. El juez, sobre este particular, no se ha pronunciado aún. Ayer se tomó declaración a más personas relacionadas con el pozo. La acusación particular considera que, por lo sucedido, existe materia penal y en caso de que el juez también acuerde la idoneidad de esta vía todo puede derivar en un proceso en el que se pueden reclamar, además de indemnizaciones, penas de cárcel para los presuntos responsables del mal estado de la protección del pozo.