La problemática del inmigrante ilegal que llega a Balears y se convierte en delincuente es algo contra lo que las autoridades, y en especial los especialistas de la policía en estos casos, se ven impotentes de resolver en demasiadas ocasiones. Las trabas burocráticas, la picaresca y unas leyes que se consideran insuficientes, impiden o retrasan hasta límites insospechados la aplicación de la normativa que se dice, oficialmente, que existe. Pero quizás, el colmo de estos delincuentes es que si quieren pueden 'legalizar' su situación cuando son ingresados en cualquier centro penitenciario de España.
La ley establece que un preso tiene derecho a trabajar en los talleres que hay en las cárceles. Hasta el año pasado a este preso se le tramitaban unas condiciones especiales para la Seguridad Social, específicas para los casos de enfermedad o accidente laboral. Pero a finales de 2000 el Gobierno aprobó unos artículos en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, por los cuales los presos tienen derecho a ser incluidos plenamente en la Seguridad Social.
La ley entró en vigor a principios del presente año y, desde entonces si, por ejemplo, un extranjero ilegal que ha cometido un delito es ingresado en la cárcel se acoge al derecho de trabajar. A partir de ahí se inician los trámites y adquiere la Seguridad Social. Después, al recobrar la libertad, tiene derecho al subsidio de paro y las prestaciones normales.
Mientras, en la calle, los 'sin papeles' siguen creando multitud de problemas a las autoridades.