Fin a un largo historial de ocupación en la urbanización «Pinosol». El juzgado de Paz de Santa Eulària supervisó ayer la orden de lanzamiento que pesaba sobre cuatro de las cinco personas que desde hacía más de dos años vivían en las casas de este residencial abandonado, una situación que había llevado a litigar a los actuales dueños del complejo como única fórmula que les quedaba para conseguirlas plenamente. Las restantes cuatro casas fueron, como las otras, tapiadas después de que se constatara que no había nadie identificado oficialmente en ellas o bien sus ocupantes accedieran a irse voluntariamente, no sin antes sacar los enseres que había en su interior.
El juzgado aún debe decidir la suerte de un último vecino, un «veterano» del lugar de nacionalidad argentina al que se le ha aceptado un recurso que presentó en su día tras estimarse la pertinencia del desalojo. Él es, desde ayer por la mañana, la única persona que reside en lo que antaño era instalaciones del Ejército que servían de polvorín. Atrás han quedado más de dos años de pleito. «Pinosol» es una zona que, pese a su estado, contaba con licencia de explotación turísticas pero sus actuales dueños afirman que obtuvieron el lote por un buen precio y que, lejos de esta posibilidad, piensan darle un «uso familiar», explicó uno de ellos.
Los «okupas» más antiguos -alguno con hasta tres años de estancia- defendieron durante este proceso su derecho a quedarse alegando básicamente que no sólo hallaron casi en ruinas las casas, de las que dicen nadie respondió, sino que además evitaron su total deterioro «trabajando en ellas para conservarlas y vivir con dignidad». Anteayer, uno de éstos, un jubilado, presentó un escrito en el juzgado de guardia intentando impugnar el proceso al considerar que no había sido del todo legal.
Harina de otro costal era la situación que derivaba de los moradores eventuales de los otros bloques, personas sin identificar -algunas de ellas incluso relacionadas con la delincuencia- y a las que los vecinos del lugar atribuían la mayor parte de los robos y molestias, especialmente en verano, cuando la población era más numerosa. De esta situación se llegaron a quejar hasta los propios «okupas» veteranos. El juez de Paz verificó el desalojo de las cuatro casas afectadas. Los dueños del lugar, por su propia iniciativa, decidieron entrar en las otras viviendas y vaciarlas para tapiarlas. «Se desconoce quien está aquí, no tienen ningún permiso y además son inmuebles donde ya estábamos haciendo reformas», justificó uno de los propietarios.