El magistrado Juan José López Ortega, que fue presidente de la Audiencia Provincial, se ve salpicado por el escándalo surgido a raíz de que la sección cuarta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, de la que forma parte, decretara el pasado sábado la libertad bajo fianza de cinco millones del presunto narcotraficante Carlos Ruiz de Santamaría, que se ha dado a la fuga. El Consejo General del Poder Judicial investigará las circunstancias que rodean el caso.
La sección cuarta de la sala de lo penal de este tribunal corrigió el jueves su decisión y dictó auto de prisión y orden de busca y captura internacional contra Ruiz de Santamaría, después de que la policía no lo localizara para asistir a una comparecencia solicitada por la Fiscalía Antidroga, que pretendía que se agravaran las medidas cautelares. La sala, que se basó en un informe médico que señalaba que Ruiz de Santamaría padece un transtorno de la personalidad que requiere tratamiento ambulatorio para dictar su libertad, dice ahora que la conducta de éste, «desconociéndose su actual paradero, implica, necesariamente, el riesgo de fuga para así sustraerse a la acción de la Justicia», por lo que procede ordenar la prisión sin fianza.
Ruiz de Santamaría es uno de los 38 procesados en la «operación Temple» que la sección cuarta comenzará a juzgar el próximo 14 de enero, y la Fiscalía Antidroga solicita para él 60 años de prisión y el pago de una multa de 69.000 millones de pesetas al considerarle uno de los responsables de una organización de narcotraficantes colombiana que mantenía conexiones con grupos radicados en España. El CGPJ informó en una nota de prensa que el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Francisco Hernando, «ha ordenado con esta fecha la apertura de una información previa por el Servicio de Inspección del propio Consejo sobre las circunstancias que han determinado la producción de estos hechos».
Además, fuentes de la Fiscalía Antidroga aseguraron que este órgano remitió ayer al Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, al que ya se había informado telefónicamente de lo ocurrido, una comunicación escrita para que tenga conocimiento de los hechos y adopte las medidas que considere oportunas. El pasado sábado, los magistrados Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero firmaron un auto por el que estimaban el recurso de súplica del presunto narcotraficante contra la prórroga de su prisión provisional y se acordaba su libertad bajo fianza de cinco millones de pesetas, que fue depositada ese mismo día, fecha desde la que no se han vuelto a tener noticias del procesado.
El tribunal, que ordenaba también al presunto narcotraficante comparecer quincenalmente en el juzgado, se basó en el informe de un médico psiquiatra de la prisión madrileña de Valdemoro, donde Ruiz de Santamaría permanecía encarcelado desde el 9 de julio de 1999, que señalaba que éste padece un «trastorno bipolar de la conducta» para el que recomendaba tratamiento ambulatorio. La Fiscalía Antidroga, que se había opuesto a la excarcelación y que no tuvo conocimiento de ésta hasta el lunes, pidió el jueves una comparecencia del procesado para solicitar un agravamiento de las medidas cautelares.